Los consejeros del Cabildo Insular de La Gomera, Solveida Clemente de NC-ADGomera, Rubén Martínez de Sí se puede (ssp) y Javier Trujillo del Partido Popular (PP) presentaron, durante su periodo de exposición pública, reclamaciones a la nueva Ordenanza del Consejo Insular de Aguas. Las alegaciones registradas por dichos consejeros están en contra de la pretensión de «cobrar a los agricultores gomeros 180.000 euros por suministrar el agua de riego de presas públicas», según se señala en un comunicado.
La nueva ordenanza fue aprobada en la Junta General del Consejo de Aguas en sesión celebrada el 25 de noviembre de 2016. En ella, el Consejo Insular de Aguas de La Gomera pretende «establecer una tasa insular aplicable al servicio de suministro de agua de riego en alta de las presas públicas de la isla de La Gomera, repercutiendo en los usuarios los costes derivados del suministro y distribución de los recursos».
A juicio de los consejeros, «el estudio económico de las nuevas ordenanzas carece de la profundidad necesaria. Entre otras cuestiones no se especifica el volumen de agua estimada que se pondría a disposición de cada Comunidad. Entienden que se podrían tomar como referentes y medida orientativa los datos actuales ya que ello serviría para conocer el coste que tendría que sufragar cada Comunidad de Regantes, que a su vez repercutiría directamente en los agricultores».
Para los consejeros, el agricultor, «sin esos datos, desconoce el coste real de esa tasa, debiendo valorar si es factible la continuidad de la actividad agrícola. Cabe recordar que el agricultor siempre ha pagado dicho servicio a su Comunidad de Regantes, medido por fanegas de terreno, por lo que, con esta nueva situación se le va a añadir un coste al que ya sufraga».
Para Nueva Canarias, Sí se puede y Partido Popular esta tasa «no es una medida que vaya a favorecer al sector agrario de La Gomera, sector que se encuentra en una situación muy precaria».
Advierten que el sector primario está sustentado por un grupo muy reducido de personas. Para los consejeros dicha actividad conlleva «la preservación de un paisaje singular muy valorado por los visitantes y nativos, al mantener en pie los bancales, así como un freno frente a incendios. A nivel productivo, si bien solo supone sólo del 8,15% del terreno cultivable y está en franco retroceso, favorece la presencia de cultivos de productos locales muy apreciados en el mercado exterior y en el consumo local».
Los consejeros señalan que este tipo de medidas, a las que se les une en La Gomera «la falta de un interés real por la reactivación del sector, supone un nuevo obstáculo para el sector, favoreciendo su progresivo abandono. Ello repercutirá no solo a nivel de producción agraria, con la necesidad de importar más productos alimenticios y el consecuente encarecimiento, sino que también tendrá su incidencia en la acentuación de los procesos erosivos, la pérdida de paisajes abancalados y el aumento del riesgo de incendios».
Tanto Nueva Canarias, como Sí se puede y el Partido Popular, entienden que la tasa «es una medida lesiva para un sector estratégico que requiere de una política de fortalecimiento. Se trata de una actividad, la agraria, que presta un servicio público a la isla en su conjunto, del que se benefician todos y no sólo los agricultores».
