El nuevo convenio de carreteras que se está negociando entre los gobiernos central y canario supondrá una inversión estatal de al menos 2.500 millones de euros en un plazo de entre diez y quince años en las vías canarias, según anunció hoy el consejero de Obras Públicas del ejecutivo regional, Pablo Rodríguez.
El consejero y vicepresidente del Gobierno canario indicó que paralelamente se ha abierto una negociación para la liquidación del convenio vigente, que concluye este año, cuyo incumplimiento por los recortes del Estado desde 2012 arroja una deuda a favor de Canarias de 750 millones de euros.
La liquidación del convenio actual se producirá en junio de 2018 y «confío en que el Estado liquide lo que adeuda», manifestó el consejero en una comparecencia en comisión parlamentaria.
Rodríguez se comprometió a comunicar al Parlamento las obras, con su coste, que se incorporarán al nuevo convenio, pero adelantó que las prioridades son acabar las vías que se están ejecutando del convenio vigente, acometer las que no se han podido empezar por los recortes y afrontar los nuevos proyectos prioritarias definidos por cada cabildo.
En el nuevo convenio no se incluirá el cierre del anillo insular de Tenerife, obra valorada en unos 300 millones de euros, una vez que el Cabildo de la isla se ha comprometido a ejecutarla y financiarla con cargo al Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan).
Eso no alterará el equilibrio inversor en el nuevo convenio, ya que la parte correspondiente a Tenerife se empleará en otras carreteras de la isla que el Cabildo considera prioritarias, aclaró Pablo Rodríguez.
El consejero defendió que todos los cabildos que quieran y puedan financiar las obras de interés regional puedan ejecutarlas mediante un convenio con el Gobierno de Canarias, sin que el ejecutivo autonómico pierda sus competencias porque mantiene la dirección y supervisión de los trabajos.
Afirmó el consejero que la misma fórmula que se va a emplear para que el Cabildo de Tenerife acometa el túnel de Erjos en el cierre del anillo insular se aplicó en Gran Canaria cuando su Cabildo prefinanció la primera fase de la carretera de la Aldea y la cuarta circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria.
Pablo Rodríguez se mostró satisfecho por el anuncio del Gobierno de España de que en 2017 va a incorporar a los presupuestos generales del Estado unos 200 millones de euros para el convenio de carreteras vigente, frente a los 97 millones de 2016.
Sin embargo, según denunció la diputada del PSOE Patricia Hernández, esa cantidad, pese a ser el doble que la del año pasado, ni siquiera alcanza con el compromiso anual de inversión que figura en el convenio de carreteras vigente, con lo cual se sigue acumulando la deuda.
Patricia Hernández reclamó al consejero que en los presupuestos del Estado no se nominen las obras, sino la cantidad anual asignada al convenio para que sea el Gobierno de Canarias el que la distribuya, algo con lo que Pablo Rodríguez se mostró de acuerdo.
Si se nominaran las obras, cada carretera aparecería financiada en el presupuesto estatal en función de los contactos e influencias que cada representante político canario tuviera en Madrid, advirtió Hernández.
La representante del PSOE consideró además que no ayuda en las negociaciones con el Estado que el presidente canario, Fernando Clavijo, anime a los cabildos a que aporten fondos para las carreteras de interés regional de sus respectivas islas.
«Las competencias de las carreteras regionales están definidas, residen en el Gobierno de Canarias con el fin de que su ejecución no dependa de la capacidad económica de cada cabildo», advirtió.
Realizar encomiendas de gestión por parte de la Comunidad Autónoma sin aportar fondos para que cada cabildo avance en las obras según su capacidad económica fractura Canarias, advirtió.
Sin embargo, Elena Luis, diputada de CC, defendió el derecho y la legalidad de que el Cabildo de Tenerife financie una obra como el anillo insular con el dinero del Fdcan por tratarse de una carretera estratégica para la movilidad de la isla.
Eso no va en detrimento de otras islas que no tienen capacidad económica para construir carreteras, opinó, porque los demás cabildos se benefician más del fondo común, al sumarse la parte destinada al anillo insular.
Sin embargo, el consejero aclaró al respecto que la financiación de la obra por parte del Cabildo no va en detrimento del equilibrio entre islas, porque se incorporan otras obras en Tenerife al convenio de carreteras.
Asunción Delgado, de Podemos, denunció que las obras que se incorporarán al nuevo convenio de carreteras se van a definir sin consenso ni participación social y sin contar con un plan de movilidad sostenible, preocupaciones a las que no contestó el consejero, quien sí anunció que presentará una comunicación al Parlamento cuando estén definidas las carreteras que se financiarán.
Esther González, de Nueva Canarias, reclamó al consejero que consiga «un plan de pago» de los 750 millones de euros adeudados por el Estado, sin que esa deuda se mezcle con la financiación del nuevo convenio.
Miguel Jorge Blanco, del PP, y Melodie Mendoza, de ASG, coincidieron en alegrarse por la buena sintonía entre el Gobierno de Canarias y el del Estado.