La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, ha denunciado este viernes que la decisión del Tribunal Supremo de asumir el papel del Congreso viola la Constitución, informa Reuters. «Constituye una ruptura del orden constitucional, es mi obligación expresar mi gran preocupación, ha dicho Ortega, en una inusual ruptura con la línea del gobierno para alguien que ha sido un aliado clave.
La Cancillería venezolana dijo este viernes que «es falso» que se haya consumado un golpe de Estado en el país por parte del Gobierno a través del Supremo, y manifestó su «repudio» ante lo que calificó como una «arremetida» por parte de los gobiernos «de la derecha intolerante».
«Es falso que se haya consumado un golpe de Estado en Venezuela; por el contrario, sus instituciones han adoptado correctivos legales para detener la desviada y golpista actuación de los parlamentarios opositores declarados abiertamente en desacato a las decisiones emanadas del máximo Tribunal de la República», dijo la Cancillería en un comunicado.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela decidió el miércoles que asumirá las competencias de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría opositora, debido a la persistencia del «desacato», un estatus que el Poder Judicial impuso a la Cámara por el incumplimiento de varias sentencias.
El escrito oficial surge como respuesta a la reacción de un grupo de países de la región que han manifestado su preocupación por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de asumir las competencias del Parlamento de contundente mayoría opositora al señalar que la Cámara se mantiene en «desacato».
Colombia, Argentina, Chile, Brasil, Perú, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Canadá y Estados Unidos figuran entre los países del continente que han manifestado su preocupación por la decisión del Supremo venezolano.
Bolivia, por el contrario, ha anunciado su «apoyo incondicional» al Gobierno de Nicolás Maduro.
«Venezuela repudia la arremetida de los gobiernos de la derecha intolerante y proimperialista de la Región, dirigida por el Departamento de Estado y los centros de poder estadounidenses, que mediante falsedades e ignominias pretenden atentar contra el Estado de Derecho en Venezuela y su orden constitucional», se indica en el escrito.
También se anuncia que Venezuela «ejercerá las acciones políticas y diplomáticas» para «detener y evitar la materialización de planes contra la estabilidad y la paz» del país.
Según el Ministerio de Exteriores, «estos gobiernos» han conformado una «coalición intervencionista» pues, asegura, «no han procesado aún la derrota recibida hace apenas unas horas en la Organización de Estados Americanos (OEA) frente al plan injerencista contra Venezuela» y ahora han desatado una «histérica campaña».
La Cancillería venezolana señala que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, estaría intentando imponer ese supuesto plan de injerencia «en franca violación a la legalidad internacional y nacional».
Sesión urgente de la OEA
Almagro solicitó hoy formalmente a la Presidencia del Consejo Permanente del organismo que se convoque una sesión urgente sobre la situación en Venezuela bajo el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, y pide que en esa sesión se consideren sus informes críticos sobre Venezuela (del pasado 30 de mayo y del 14 de marzo), «así como los efectos sobre el orden constitucional democrático de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela», según la solicitud, firmada hoy, a la que tuvo acceso Efe.
Almagro invoca el artículo que da potestad al secretario general y a cualquier Estado miembro para solicitar una sesión de «apreciación colectiva de la situación» donde se puedan «adoptar las decisiones que se estimen convenientes» cuando en un país se produzca «una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático
Esto es algo que Almagro ya concluyó sobre Venezuela en su informe del pasado 30 de mayo con el que invocó por primera vez la Carta.
El gobernador opositor venezolano Henrique Capriles se reunirá hoy con Almagro, en la sede del organismo en Washington, para pedir que los Estados miembros apliquen la Carta Democrática a Venezuela.
Sin embargo, los países de la OEA todavía no han proseguido con ese proceso gradual abierto por Almagro y, aunque algunos ya han hablado en público de «alteración del orden constitucional» o de «alteración del orden democrático», no lo han sometido a votación.
La Carta Interamericana está invocada (por Almagro, dos veces), pero no se está aplicando todavía, ya que para que se inicie su proceso se necesita que al menos 18 países (la mayoría simple de los 35 Estados miembros) voten que hay esa «alteración» en Venezuela.
Por el momento la única sesión convocada bajo el artículo 20 fue la del pasado 23 de junio, a petición de Almagro, en la que leyó su primer informe crítico sobre Venezuela, que actualizó el 14 de marzo de este año, en el que pidió la suspensión del país si no hay elecciones generales en 30 días.
La suspensión es el último punto del proceso de la Carta Democrática y por el momento los países de la OEA críticos con Venezuela la consideran «un último recurso» y prefieren agotar la vía diplomática.
Desde ayer, un amplio grupo de países de la OEA negocia la convocatoria de un Consejo Permanente urgente, pero todavía no se han puesto de acuerdo al respecto, según fuentes diplomáticas.
Una de las claves es que, si el Consejo no se celebra hoy, en la Presidencia de turno dejará de estar Belice y pasará a estar Bolivia, uno de los grandes aliados de Venezuela y que se opone a que la OEA celebre sesiones sobre temas del país sin su consentimiento.
No obstante, la Presidencia del Consejo es un puesto de carácter protocolario que cambia cada tres meses y, de haber los votos, no podría negarse a que se celebraran aunque sí tratar de retrasar los procesos con mecanismos formales, según explicaron fuentes diplomáticas.
Almagro dio hoy el paso formal de pedir un Consejo urgente tras calificar ayer de «autogolpe de estado» la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela de sustituir en sus funciones al Parlamento, controlado por la oposición al Gobierno de Nicolás Maduro. «Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado», sentenció el secretario general de la OEA en un comunicado.
