La reforma del Estatuto de Autonomía, que actualmente se tramita en las Cortes, constituye una gran oportunidad para Canarias. Oportunidad doble, además. Por un lado, para avanzar en su autogobierno tras haber desaprovechado por estrechos intereses partidistas su actualización en 2007. Por otro, para comenzar a transformar nuestro muy desequilibrado e injusto sistema electoral, para ganar en democracia.
En Nueva Canarias (NC) fuimos muy críticos con el proceso de tramitación de la reforma estatutaria desarrollado a finales de la pasada legislatura, cuando se iban a producir significativos cambios en el mapa político en Canarias y en el Estado. Aunque compartíamos muchos de sus contenidos, entendíamos que debió hacerse mediante un proceso participativo, que implicara a la sociedad canaria, y no en los despachos. Además, consideramos que en el texto debió abordarse de forma nítida el imprescindible cambio en el modelo electoral.
Ahora nos encontramos en otro momento político. Canarias no puede volver a cometer el grave error de 2007. Entonces, CC con la colaboración del PP decidió retirar el Estatuto en tramitación en las Cortes por su temor a que se pudiera modificar el sistema electoral. En lugar de aspirar a más autogobierno y más democracia, prefirieron sacrificar el primero para evitar la segunda.
Como señalaba, el nuevo Estatuto, si en las Cortes se respetan sus elementos esenciales, va a suponer que nuestra comunidad pueda disponer de más competencias en distintos ámbitos. Entre ellos, sanidad y comercio exterior, puertos y aeropuertos de interés general, telecomunicaciones y gestión del litoral. Así como en el transporte marítimo interinsular. Reconociendo, además, las aguas canarias (el mar que conecta las islas y el espacio aéreo) como parte del territorio canario y el ejercicio de competencias en dichos espacios.
El nuevo Estatuto apuesta por el blindaje del Régimen Económico y Fiscal (REF), señalando que este “sólo podrá ser modificado de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional tercera de la Constitución, previo informe del Parlamento Canario que, para ser favorable, deberá ser aprobado por las dos terceras partes de sus miembros”.
Derechos sociales
El Estatuto reformado también recoge en su texto el reconocimiento de la lejanía e insularidad, obligando al Estado a la adopción de políticas específicas para afrontarlas, tal y como ya ha hecho la Unión Europea con el establecimiento del status de Región Ultraperiférica. Posibilita, asimismo, que Canarias pueda disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas.
Este Estatuto de segunda generación, aunque llega con algo de retraso, incorpora significativos avances en materia de derechos sociales. Así, afirma que “los poderes públicos canarios garantizarán las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos de las personas a la igualdad, la no discriminación, la participación en la vida pública, al desarrollo económico, la libertad y el respeto a los derechos humanos”. En su articulado se incluye un amplio capítulo sobre derechos y deberes en torno a la familia, los menores, las personas mayores y las personas en situación de discapacidad o dependencia; y otros dirigidos a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Sistema electoral
En el debate de la nacionalidad canaria de 2017, CC intentó sacar adelante una resolución que planteaba que cualquier modificación del artículo 37 de la disposición transitoria, que regula nuestro sistema electoral, llevaría a la petición de retirada y devolución del Estatuto. Es decir, amenaza con retirarlo de nuevo si se toca el sistema electoral, el resto debe importarle muy poco.
La mayoría de la Cámara canaria aprobó una resolución bien distinta a la que pretendía CC. En ella se valora la comisión de estudio de la reforma de nuestro sistema electoral -propuesta insistentemente por la oposición-, deseando que sus trabajos concluyan “con una propuesta de modificación del mismo que permita reducir las actuales barreras de acceso, que mejore la proporcionalidad entre los votos conseguidos por cada fuerza política y los escaños parlamentarios asignados y que esté en vigor para el año 2019”. Pero indicando también que “todo ello sin menoscabo de la oportunidad para avanzar en el mismo sentido en la tramitación de la reforma del Estatuto de Autonomía que actualmente se encuentra en el Congreso de los Diputados”.
CC vuelve a amenazar con devolver el Estatuto. Su débil argumento es que la reforma debe hacerse exclusivamente en Canarias. Cuando el actual sistema electoral está anclado en una disposición transitoria del Estatuto aprobada en las Cortes y reformada, a peor, con subida de las barreras electorales en 1996, también en las Cortes, con papel protagonista de Coalición Canaria. Y en las Cortes también, en el proceso anterior a su retirada en 2007, la diputada Oramas enmendó en sentido restrictivo el actual modelo, modificando la propuesta que había salido de Canarias. Y, por contra, en el Parlamento canario impidieron en 2014 que fuera debatida una propuesta de NC dirigida a rebajar los topes electorales y establecer una única barrera del 5% insular.
Si de verdad quieren mejorar el actual sistema no existe contradicción alguna. Puede hacerse en la disposición transitoria, tan ‘transitoria’ que lleva ya 35 años de existencia. Avanzando en el camino de lograr mayor pluralidad, y una mayor proporcionalidad que la actual. Es decir, un cambio provisional en Madrid y, posteriormente, proceder a la elaboración de una ley electoral en el Parlamento canario que responda a la realidad político institucional del S. XXI.
De esta manera, el Estatuto habrá alcanzado un doble objetivo: incrementar el autogobierno y alcanzar mayores cuotas de democracia en el Archipiélago. Compartido por la inmensa mayoría de las fuerzas políticas en Canarias y en el Estado. El particular interés de una –dispuesta a cercenar el avance competencial con tal de que no se modifique el status electoral-, que representa solo al 18% del electorado canario, no puede ni debe impedirlo, como desgraciadamente sucedió en el pasado reciente.