El tribunal del caso Gürtel ha acordado citar a Mariano Rajoy como testigo en el caso que juzga sobre la primera época de los negocios de esta trama corrupta (1999-2005). La decisión ha sido adoptada por mayoría, no por unanimidad, y ha sido anunciada por el presidente del tribunal juzgado, Ángel Hurtado.
Según informa Julia Pérez para Público, el tribunal se mostraba dividido por esta citación pedida por la acusación popular, inicialmente la Asociación de Abogados Democratas (ADADE), a la que se había sumado la acusación de los socialistas valencianos y a la que se oponía la Fiscalía, que veía «redundante» que el presidente del Gobierno declarase en el juicio al considerar que la existencia de la caja B del Partido Popular ya está suficientemente acreditada con las declaraciones del extesorero del partido, el procesado Luis Bárcenas, así como por los políticos Jaime Ignacio del Burgo y Santiago Abascal.
Así se había pronunciado el ministerio público al inicio de la vista, después de que la Asociación de Abogados Demócratas (ADADE) haya pedido por tercera vez que Mariano Rajoy declare como testigo, a la que se ha adhirió la acusación que ejerce los socialistas valencianos.
El presidente del Gobierno dirigió tres campañas electorales durante la primera época de Gürtel que se enjuicia en esta vista oral (1999-2005). Además, el PP es un partido jerarquizado y Rajoy fue su secretario general y después su presidente.
La Fiscalía entendía que la declaración de Rajoy sería para dos asuntos: por la caja B del PP y por haberse beneficiado en las campañas de los candidatos a alcalde Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega. Respecto a la caja del PP que se nutría con aportaciones de empresas «resulta suficiente para su acreditación» las declaraciones obtenidas en el juicio.
Y respecto a Sepúlveda y Ortega consideraba que también resultan acreditado que la trama financió sus campañas, tanto por la declaración de alguno de los acusados «y especialmente por la negativa a declarar del representante del PP», que se sienta en el banquillo como partícipe a título lucrativo de esta financiación irregular, así como por la «contundente prueba pericial» practicada y que será expuesta en próximas sesiones.
La abogacía del Estado y la acusación que ejerce la Comunidad de Madrid han rechazado también que Rajoy declare en el juicio de la primera época de Gürtel.
La abogacía del Estado sólo acusa respecto a los delitos contra la Hacienda Pública, que no afectaría a la declaración de Rajoy, y asume como propios los argumentos de la Fiscalía respecto a la «inutilidad y la redundancia» de dicho testimonio.
El tribunal se mostró dividido y se retiró para deliberar sobre si aceptaba o no la declaración de Mariano Rajoy.
Por un lado, el presidente, Ángel Hurtado, era partidario de que no declarase Rajoy ya que declararán otros ex altos cargos del partido de aquella época, como los exsecretarios generales Francisco Álvarez Cascos o Ángel Acebes. Por el otro lado, se encuentra el magistrado José Ricardo de Prada, quien siempre ha defendido la declaración del presidente del PP para aclarar los vínculos de su partido con la trama y la supuesta financiación irregular del partido. El tercer miembro del tribunal, Julio de Diego, es quien inclina la balanza. De Diego es un magistrado conservador al que le resulta difícil rechazar el testimonio de Rajoy a la vista de las pruebas presentadas durante el juicio oral.
“Empezamos ahora la fase testifical. Ya les iremos explicando los siguientes pasos”, ha destacado Hurtado antes de retirarse a deliberar.
El juicio se retomó cerca de las once de la mañana con el testimonio de Julia López Valladares, una funcionaria de la Comunidad de Madrid que instruyó a las empresas de Francisco Correa sobre cómo facturar un mismo acto en varios contratos menores. De esta manera se eludían los controles de la administración pública.
En dos ocasiones el tribunal ha considerado que la presencia de Rajoy en el juicio era innecesaria porque ya se había aceptado la declaración de Cascos, Acebes y Javier Arenas, como secretarios generales del partido, así como de Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja.
La acusación popular sostiene en su escrito que «la conciencia social exige sanciones». Y que en el caso de personas jurídicas como el PP «resulta necesario oír a sus máximos responsables, en casos como el que nos ocupa en el que su representada está acusada de haberse beneficiado ilícitamente del delito de otros, y por supuesto, no colocarlos en una urna de cristal».
