La probable aprobación, el próximo junio, del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para este año, que actualmente se tramita en las Cortes Generales, supondrá para Canarias un avance capital y un acto de justicia después de años de recortes en nuestra financiación. Las islas recibirán, según lo comprometido por el Gobierno central, unos 1.300 millones de euros por todos los conceptos, cantidad entre la que destaca especialmente los 270 millones de la inversión regionalizable, un 3,2 por ciento más que en 2016. Esta cifra nos coloca como la comunidad autónoma que más crece presupuestariamente. También nos sitúa por encima de la media estatal por primera vez desde 2001 con 263 euros por habitante, mientras la media del resto de comunidades autónomas será de 248 euros por habitante.
En este resultado favorable para nuestras islas tiene bastante que ver la recuperación de dos mecanismos inversores importantes. Uno de ellos es el Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC), del que el Archipiélago debe vigilar que se recupere la cantidad pactada, al parecer mermada por un error contable. El otro es el convenio de carreteras, cuya suspensión dejó pendiente de realizar el 70 por ciento de la inversión prevista en La Gomera, entre otras, por importe de 70 millones de euros.
Desde Agrupación Socialista Gomera (ASG) velaremos porque las infraestructuras vinculadas al transporte y, especialmente, aquellas estratégicas para el desarrollo de la isla, cuenten con la financiación necesaria para el impulso de su actividad. En lo relativo al puerto de San Sebastián de La Gomera, hemos logrado la adjudicación de las obras de electrificación portuaria dirigida a dar servicio a los buques atracados en puerto. Mientras, en materia aeroportuaria continuaremos reivindicando la conexión directa con Gran Canaria y una solución a las elevadas tarifas, unos horarios poco útiles y unas frecuencias deficientes, porque de mantenerse esta situación seguiremos hablando de una infraestructura insostenible.
Pero quizás el hecho más destacado que atañe al trato presupuestario que recibirá Canarias este año sea la paralela desvinculación del Régimen Económico y Fiscal (REF) de la financiación autonómica. Esta desvinculación de los aspectos económicos del que es, sin duda, nuestro fuero histórico, nos permitirá participar en el Fondo de Competitividad, del que recibiremos 220 millones de euros en 2017, comprometidos para sanidad, educación y servicios sociales, áreas en las que Canarias viene arrastrando un importante déficit. Este importe, además, crecerá hasta los 360 millones en 2018 y hasta los 550 en 2019.
Asimismo, esta nueva realidad permite que el REF económico, hoy en debate para su aprobación definitiva, consolide la ayuda del 50 por ciento al transporte aéreo de los residentes; otro 50 por ciento al transporte marítimo interinsular, que alcanza el 75 por ciento total con la aportación del Gobierno de Canarias, y el 70 por ciento de subvención al transporte marítimo de mercancías agrícolas e industriales. Todas estas ayudas al transporte benefician particularmente a las islas no capitalinas, aliviando la doble insularidad, reconocida, por primera vez, en el REF económico y que contribuirán decididamente a la cohesión territorial, económica y social de nuestro Archipiélago.
Estos presupuestos, que han mejorado considerablemente este año, aunque podrían haber sido mejores, serán susceptibles de cambios positivos a lo largo del trámite parlamentario. No obstante, su no aprobación perjudicaría gravemente a todos los españoles, pero especialmente a todos los canarios, por lo que la sensatez y el diálogo deben ser ejes vertebradores de una etapa en la que las relaciones Canarias-Estado están caminando en buena dirección.
Pero también creemos que la aprobación de los Presupuestos Generales es sólo un paso y, por eso, debe ser seguido por otros no menos importantes que deberán estar en la agenda de las relaciones Canarias-Estado de modo irrenunciable. Nos estamos refiriendo a nuestro fuero histórico, el REF, un instrumento que debe quedar blindado en la Constitución, como así lo tienen el País Vasco y Navarra, al igual que el reconocimiento de nuestra condición de región ultraperiférica, signada por la insularidad y la lejanía. Sin ese blindaje constitucional, respaldado por nuestra historia y por la Unión Europea, los acuerdos presupuestarios habidos en la actual coyuntura política no pasarían de eso precisamente, de ser acuerdos coyunturales. Debemos seguir trabajando para alcanzar estos cruciales objetivos.
