El portavoz de Agrupación Socialista Gomera (ASG) en el Parlamento de Canarias, Casimiro Curbelo, valora la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), ya que según explicó “da respuesta a una gran cantidad de expedientes que no tenían solución, y que afectan de manera especial a las islas no capitalinas occidentales, como es el caso de La Gomera, y más en concreto al municipio de Valle Gran Rey, que se verá beneficiado tras la anulación del precepto que prohibía ofrecer alojamientos con fines turísticos en las viviendas situadas en zonas turísticas o en suelos de uso mixto”.
Además, recuerda que esta sentencia coincide con la enmienda presentada por ASG a la Ley del Suelo, en la que se instaba al Gobierno de Canarias a establecer la compatibilidad del uso residencial y turístico en el alquiler vacacional. Curbelo celebra que la resolución anule, entre otras cuestiones, los puntos críticos del Decreto 113/2015 relativos a la prohibición de las viviendas vacacionales en zonas turísticas.
Casimiro Curbelo asegura que “el alquiler vacacional supone un alto porcentaje de la oferta alojativa de islas como La Gomera, La Palma y El Hierro y en gran parte de los casos, se trata de la única fuente de ingresos para las familias”. Subraya que la oferta de turismo convencional no es incompatible con el turismo de alquiler vacacional y un ejemplo claro de ello es Valle Gran Rey, “donde conviven ambos modelos turísticos perfectamente”.
Matizó que este tipo de actividad turística encaja a la perfección con el desarrollo turístico de las citadas islas, “que no se caracterizan por un turismo de masas sino por ofertar un turismo rural, respetuoso con la naturaleza y que normalmente realiza un mayor gasto en el destino”.
Subraya la importancia del fallo del alto tribunal canario, “puesto que supone un paso importante para la modificación del decreto vigente, al tiempo que se facilita la legalización y la adecuación de la normativa a la realidad existente”.
Para el portavoz de ASG, la norma actual no cumple con las expectativas del sector, “por lo que urge la regulación para que el archipiélago cuente con un texto que legalice la actividad bajo una oferta de calidad y de diversificación turística”.
Asimismo, insiste en que los principales interesados en regularizar esta situación y resolver los problemas que se han generado son las propias familias que viven de la actividad del alquiler vacacional y que quieren contribuir con los impuestos que se exigen.
