El lío de los fiscales es un flaco favor a la credibilidad de la justicia, escribimos días pasados en el muro de la red social en la que procuramos entretenernos. Un posterior comunicado de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) confirmó aquel pensamiento. “Una errónea concepción del principio de jeraquía”, señala como causa de necesario apoyo a los profesionales cuya tarea se ha visto cuestionada hasta concluir con la petición de remoción o cese del Fiscal Jefe Anticorrupción, Manuel Moix, “quien ha demostrado su falta de idoneidad para dirigir un colectivo profesional como es la Fiscalía contra la Corrupción y el Cimen Organizado”.
El lío, pues, está enredado, o desatado, desde que Moix decidiera apartar del caso a los fiscales que investigan el ya tristemente célebre caso del 3% en Catalunya, destapado desde los mismos bancos del Parlament. Después vino la publicación de ciertas conversaciones vinculadas a la Operación Lezo, el enésimo caso de corrupción política, y el papel del fiscal Moix se complicó hasta los extremos que han motivado el malestar público de la UPF. Algunos relevos entre los titulares de fiscalías que participaban en causas relativas a presunta corrupción en el partido gubernamental y la decisión de oponerse a registros y otras dilgencias -bien es verdad que matizada por el propio Moix- han sido el detonante de este lío que acentúa la pérdida de credibilidad aludida.
Es un principio básico que la tarea primordial de los fiscales sea perseguir los actos delictivos. Es verdad que, sorprendentemente, en la más reciente historia española hemos visto algunos casos en que parecía colegirse lo contrario, pero el papel del fiscal es primordial, desde ese punto de vista, en el sistema judicial y, dentro de éste, en el ámbito penal. Es natural que la UPF hable de una merma de la confianza de los ciudadanos en el servicio público que presta la Fiscalía.
Como es natural que, en su contundente comunicado, vaya más allá de las filtraciones esgrimidas por los máximos responsables fiscales como razón principal de la controversia. “Por supuesto que debe ponerse coto a aquellas filtraciones que persigan móviles espurios e infrinjan la legalidad, pero lo que estamos viviendo es algo de mucho mayor calado -señala el pronunciamiento de los fiscales progresistas-. Nos hallamos ante un cuestionamiento de la motivación de los nombramientos habidos en los más altos cargos de nuestra carrera, así como del funcionamiento de una de las piezas claves de nuestra institución como es la Fiscalía Anticorrupción; está en juego un correcto entendimiento del principio de jerarquía del Ministerio Fiscal y, en definitiva, se está poniendo en tela de juicio la autonomía de la institución”.
Por ello, la UPF interpreta que en esta situación no se puede mirar a otro lado y eludir la realidad del problema.
“Entendemos -advierte- que este clima de sospecha generalizada sobre la independencia y autonomía de los fiscales exigía una acción inmediata, contundente y firme del Fiscal General del Estado para recuperar la credibilidad perdida por la institución. Requería fundadas explicaciones del Fiscal General tanto a la opinión pública, como al conjunto de los fiscales que, atónitos, asistimos a un serial informativo que desprestigia nuestro trabajo. Ahora ya no solo exigimos explicaciones, sino que demandamos decisiones, hechos y resoluciones que visualicen esa autonomía y ayuden a recuperar nuestra credibilidad perdida ante la ciudadanía”.
Lo dicho: un flaco favor a la credibilidad de la justicia. Casi lo de menos sea que la Fiscalía, como institución, venga sufriendo un cierto descrédito mediático. Lo peor es la sensación que se va apoderando de uso y manipulación al antojo y conveniencia política. ¡Ay, esas presiones!