La economía de Canarias crecerá a un ritmo cercano al 3,5 por ciento anual en 2017 y 2018. Y eso, según aseguran los analistas del BBVA, supondrá unos 60.000 puestos de trabajo este bienio, una cifra muy importante que representa casi la cuarta parte del empleo destruido en las Islas durante la crisis. Se trata de un pronóstico feliz, sin duda. Aunque es cierto que el BBVA suele ser un banco muy optimista cuando hace sus cálculos sobre el futuro. Sus últimas previsiones de creación de empleo en Canarias quedaron diez mil empleos por debajo de lo anunciado, y el crecimiento registrado fue de un par de décimas menos…, pero lo importante de las previsiones es que confirman una tendencia continuada al crecimiento y la creación de empleo.
Eso debería significar que Canarias avanza en dirección a la recuperación de la crisis. Pero los informes del BBVA no coinciden con los que se hacen desde las Universidades, Unicef o Cáritas sobre la situación social en las Islas, sobre el avance de la pobreza, el crecimiento de la desigualdad y el retroceso de Canarias en relación al diferencial de salarios y el coste de la vida con la Península. Algo no va bien en un territorio que crece por encima de la media española y europea, pero en el que ni baja el desempleo ni se reduce la pobreza, y además se dispara la desigualdad.
La economía canaria, especialmente la directamente dependiente del turismo -hostelería, transportes, comercio, construcción-, es un motor potente para la generación de riqueza. Las ayudas y exenciones a las empresas, los mecanismos de desgravación contemplados en el REF y los inventos de la ingeniería fiscal permiten a las empresas -más a las grandes- mirar el futuro con cierto optimismo. Pero la redistribución de la riqueza en una sociedad moderna sólo puede hacerse por dos procedimientos: a través de la mejora de los salarios o por una mayor presión sobre las rentas y patrimonios más altos.
Y en esta región tenemos los salarios más bajos del país. En parte puede justificarse porque nuestro mercado es fragmentado y pequeño, y la productividad de nuestros negocios inferior a la de otras regiones. Pero ha sido la reforma del sistema laboral -que destruyó empleo con la promesa de multiplicarlo luego- la que ha pauperizado los salarios, pulverizado la estabilidad y evaporado las garantías laborales. Decenas de miles de personas están dispuestas a trabajar por menos, incluso por lo que sea, mientras muchas otras se adaptan a vivir con el casi nada de la caridad pública. No se reparte riqueza por los salarios. Al contrario: los bajos salarios contribuyen a alimentar en un sinfín continuo el círculo de la pobreza.
En cuanto a los impuestos, Canarias se ha convertido en un paraíso de exenciones y prebendas para las grandes mercantiles, mientras aumentaban los impuestos indirectos hasta un cuarenta por ciento, como ha ocurrido con el IGIC. Se han suprimido impuestos vinculados al patrimonio, y se han diseñado políticas para que quienes más tienen desgraven más. La política fiscal canaria es más útil para exonerar fiscalmente la tributación de los beneficios que para drenar riqueza de los más ricos hacia los más pobres.
¿Que más nos dará que la región crezca un 3,5 por ciento al año si empleamos a la gente con contratos basura y a quienes ganan más no se les cobran impuestos? Esos son los verdaderos problemas de esta región. Mientras, Sus Señorías de dedican a discutir apasionadamente si deben taparse los cuadros del Parlamento con cortinas para evitar ofensas.