El Grupo Parlamentario Podemos solicita que el Consejo Consultivo de Canarias se pronuncie sobre las enmiendas de Coalición Canaria, Partido Socialista y ASG en las disposiciones finales del proyecto de Ley del Suelo. La diputada Natividad Arnáiz explica que, debido a los cambios sustanciales que provocarían estas enmiendas en algunas normas significativas de Canarias, “es necesario que el Consultivo emita un dictamen sobre ellas, y más concretamente sobre la modificación de la conocida como Ley de las Islas Verdes, que fue objeto de una importante transformación el pasado mes de septiembre”.
Arnáiz asegura además que “ya resulta oportunista la modificación a través de la Ley del Suelo de otras normas como la de Patrimonio Histórico, la de Renovación y Modernización Turística, la de Puertos de Canarias, como para ahora, y sin los trámites legislativos de informes, estudios y participación ciudadana, se pretenda colar una nueva modificación con cambios sustanciales en la conocida como Ley de las Islas Verdes”.
Debido a ello, el Grupo Parlamentario solicitará en la ponencia de la Ley del Suelo que la presidenta, Carolina Darias, haga valer el artículo 110 del Reglamento y solicite un dictamen del Consejo Consultivo para todas las enmiendas relativa a la Ley de las Islas Verdes, y para posteriormente someterlo a exposición pública.
“Desde Podemos nos plantamos porque no compartimos estas propuestas, no vamos a formar parte de este juego irresponsable por el que se modifican sustancialmente las leyes de nuestra comunidad autónoma por la puerta de atrás, vía enmienda sin pasar por la evaluación del Consejo ni por exposición pública”, afirma Arnáiz que también cree que ésa es precisamente la intención de esas enmiendas porque es habitual que se utilice de forma abusiva el proceso de tramitación y aprobación de una ley para introducir, mediante disposiciones adicionales, la modificación sustancial de otras leyes.
“Por poner un ejemplo, en lo relativo al patrimonio las modificaciones pueden suponer que desaparezca o se desvirtúe nuestro patrimonio arquitectónico que no está catalogado como BIC pero que si que tiene un valor arquitectónico o cultural, como es el caso de los cascos históricos”, asegura la diputada, que también por ejemplo explica que con la modificación contemplada a la ley de puertos canarios “se podría cambiar la categoría del Puerto de la Cruz, pasando de interés general a puerto deportivo, algo que perjudicaría en gran medida al sector primario, ya que podría erradicarse la actividad pesquera y comercial”.
Por otro lado, Arnaíz también señala que en la ponencia del proyecto de Ley del Suelo se pretende legalizar asentamientos rurales y agrarios que existen en la isla de Fuerteventura, que se han perpetuado en el tiempo. Desde Podemos se considera que hay que solucionar este problema “pero nos oponemos a que se sobredimensionen estos asentamientos aumentando exponencialmente su perímetro porque eso significa urbanizar más suelo, y por tanto, consumir más territorio”.
Desde Podemos se apuesta por reconocer estos asentamientos rurales y agrarios, siempre que no contradigan el Plan Insular, si tienen un número suficiente de habitantes y edificaciones porque lo que pretende Coalición Canaria con esta enmienda totalmente novedosa al proyecto de Ley, y que afecta sólo a la isla de Fuerteventura, es reconocer estos asentamientos como legales cuando estén conformados como mínimo por 20 residentes, en lugar de 40 como se especifica con carácter general en el artículo 36, y que sus edificaciones se encuentren a 400 metros de distancia entre ellas en lugar de 200. “Esto puede provocar que núcleos como Cofete, que es propiedad de un determinado grupo empresarial como Lopesan, se convierta, gracias a la Ley del Suelo, en un asentamiento urbanizable donde caben proyectos turísticos de grandes dimensiones y con un importante impacto medioambiental”.
