La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha vinculado a la presidenta de la Comunidad de Madrid con la presunta financiación ilegal del PP por un contrato adjudicado al Grupo Cantoblanco, propiedad de Arturo Fernández, cuando era vicepresidenta de la Asamblea de Madrid. En concreto, el servicio de cafetería del parlamento regional. En su informe, la UCO pide al juez Eloy Velasco, instructor de la Púnica, que investigue los supuestos delitos de prevaricación continuada y cohecho por esta adjudicación tras la cual, el empresario habría hecho una donación al PP de Madrid.
Fernández, también expresidente de la patronal madrileña y muy vinculado al PP de Madrid, ganó el concurso en 2009, 2011 y 2013. Cifuentes presidió la Mesa de Contratación en esas licitaciones. La Guardia Civil cree que los concursos de los años 2009 y 2011 pudieron estar amañados. El informe señala que «se articularon a través de una pluralidad de arbitrariedades que fueron cometidas por las personas que conformaron el comité de expertos en ambas licitaciones».
Si finalmente es imputada, Cifuentes tendría que dimitir como presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP regional, en cumplimiento de su código ético.