El Grupo Parlamentario Podemos solicita una regulación integral del cannabis, que contemple una ordenación del autocultivo y del uso medicinal de esta sustancia. De hecho, en una Proposición No de Ley presentada por todos los grupos de la Cámara canaria, menos el PP, se ha solicitado que el Gobierno de Canarias presente un estudio en la Comisión de Sanidad sobre su uso terapéutico.
La diputada María Del Río considera que se debe abordar esta regulación de una forma integral para que se permita el autocultivo, el consumo con fines terapéuticos y el consumo con fines de ocio, advirtiendo siempre que supone un consumo con riesgos para la salud. “De esta forma se evitará la especulación, el mercado negro, con todo lo que ello conlleva desde el punto de vista humano, sanitario y económico, y la adulteración del producto”.
Del Río explica que en España se calcula que hay unos 4 millones de personas consumidoras de cannabis, de las cuales unas 50.000 lo utilizarían con fines terapéuticos, “por lo que la regulación exclusivamente para el uso medicinal dejaría fuera a 3.950.000 personas expuestas a la presión del uso fraudulento”.
La diputada afirma que “la situación en España es compleja porque existe inseguridad jurídica, ya que el consumo del cannabis nunca ha sido delito, y determinadas formas de abastecimiento y consumo colectivo, que se desarrollan en los clubes sociales cannábicos, han sido tolerados por la Jurisprudencia”. “Sin embargo, -añade- sentencias del Tribunal Supremo han condenado a los dirigentes o socios de los clubes por tráfico de drogas, estableciéndose desde entonces, con carácter general, que las actividades de producción y distribución del cannabis que se realizan en estas asociaciones son delictivas”.
Por ello, la iniciativa también pretende regular la existencia de estos club sociales cannábicos porque “aunque se admiten algunas asociaciones que podrían no incurrir en delito, no se especifican los criterios para actuar conforme a la Ley”. “Y no se hace -añade la diputada- porque para el Alto Tribunal la única solución para dar una respuesta no criminalizadora a estas asociaciones consiste en una modificación de la legalidad que permita su actuación conforme a derecho, es decir, que la solución se sitúa en el ámbito parlamentario”.
La diputada recuerda que ya existen varios parlamentos españoles que han regulado o han reconocido la existencia de estos clubes sociales cannábicos, como es el caso del Parlamento navarro, catalán, vasco o cántabro. Del Río también ha comentado que el acceso a esta sustancia debería producirse en situaciones de salubridad, que no sólo debería ser posible a través de las asociaciones de consumidores, “sino a través de otras vías como comercios especializados o farmacias, como ya ocurre en otros lugares, sin olvidar la conveniencia de regular el autocultivo”.