El informe de la Ponencia sobre la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias se aprobó por dictamen de la Comisión de política territorial, sostenibilidad y seguridad el pasado viernes, por lo que es previsible su aprobación definitiva en el pleno del Parlamento de Canarias de los días 21 y 22 de este mes. Concluirá así un arduo trabajo parlamentario que se inició en agosto del año pasado y que, para Agrupación Socialista Gomera (ASG), es uno de los grandes hitos que resultarán de esta legislatura.
Las razones para esta afirmación son variadas y sólidas. Cuando esta ley entre en vigor, Canarias habrá ordenado y simplificado un marasmo normativo sobre su territorio que convierte cualquier iniciativa pública o privada en una carrera de obstáculos casi insuperable. Sirven de poco los múltiples cerrojos legales que, más que ordenar y controlar, impiden el desarrollo, sea este el sector que sea.
Por el contrario, esta nueva ley, resultado de un prolongado debate y de un esfuerzo integrador de todas las posturas, será un instrumento que permitirá abordar la tan anhelada diversificación de nuestra economía, abriendo un abanico de posibilidades a todos los sectores productivos. Sus ejes vertebradores son la racionalización, simplificación y actualización normativa, siempre guiados por el respeto al principio constitucional de desarrollo sostenible.
Pero, frente a la necesaria simplificación legal, también establece los mecanismos para que queden bien cerradas las puertas traseras por las que se pueda colar la especulación con el suelo, la riqueza más importante de un Archipiélago que cuenta, además, con gran cantidad de territorio protegido, un significativo 40 por ciento de sus 7.493 kilómetros cuadrados.
Esto hará posible que Canarias pueda allanar el camino a un desarrollo económico más equilibrado que ofrecerá alternativas a islas tan condicionadas por la pérdida y el envejecimiento de la población como lo son La Gomera, El Hierro y La Palma. Alternativas que tienen directamente que ver con una actividad turística vinculada al paisaje y el medio ambiente, que ya es una realidad en parte a través de la Ley 2/2016, conocida popularmente como de Islas Verdes, destinada a la ordenación del territorio y el desarrollo turístico específico de las islas más occidentales. Y a la que ahora se suma la Ley del Suelo, haciendo posible que el sector primario pueda estar en simbiosis con el turismo sostenible y respetuoso con el entorno.
De esta forma, se posibilita la coexistencia, sin frustrantes impedimentos administrativos, de usos complementarios a los agrarios en suelo rústico, usos que solo podrán ejercer los profesionales del sector y que están asociados al alojamiento rural limitado en islas con escasez de oferta, la restauración o la comercialización de las producciones propias.
Se trata, en consecuencia, de fortalecer las rentas de los profesionales agrícolas y ganaderos, lastrados de siempre por los sobrecostes de la doble insularidad, a fin de que estas profesiones resulten atractivas para las nuevas generaciones y se produzca el ansiado relevo generacional para un sector que, de otra manera, estaría condenado.
Una medida eficaz para una Comunidad Autónoma con tasas de paro juvenil cercanas al 50 por ciento. Una medida igualmente eficaz para asegurar la diversificación de la economía en unas islas que han encontrado su manera específica de desarrollo, al promover una actividad sostenible vinculada a su medio natural.
En definitiva, creemos que estamos ante una Ley del Suelo que representa un trabajo parlamentario arduo y acertado, en cuya elaboración se ha comprometido ASG con rigor porque entendemos que desbroza un camino que permite avanzar hacia el futuro a las islas no capitalinas.
