La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Hernández, afirmó este miércoles que el presidente del Gobierno de CC, Fernando Clavijo, “asfixia” a la sanidad pública mientras continúa favoreciendo a la privada.
En el pleno de la Cámara, cuestionó que el presidente pueda garantizar que los 150 millones de euros que ha anunciado que destinará a la sanidad canaria, en el marco del suplemento de crédito anunciado por el Gobierno, no acaben en manos de la privada y aseguró que los hechos demuestran que Clavijo “no defiende los intereses generales”.
Ejemplo de ello, dijo, está en el hecho de que a este Gobierno parezca no importarle que en Canarias “tengamos los sueldos más bajos del Estado dentro de un marco de absoluta precariedad de los trabajadores”, mientras que el presidente “presume en sus viajes de unos empleos que ni él ni yo desearíamos para nuestros hijos”.
Recordó que hace unos días se hacía pública la reclamación previa a la vía judicial que ha presentado un sindicato contra el Gobierno de Canarias “por engordar lo que Coalición Canaria ha hecho durante 25 años: el negocio de la sanidad privada con dinero público”.
Indicó que el PSOE, durante el año y medio en que compartió Gobierno con CC en esta legislatura, le dejó “todo preparado” al Ejecutivo “para haber acabado desde hace meses con esos conciertos sanitarios que están fuera de la ley de contratos del sector público, algunos de ellos preconstitucionales, pero Clavijo tiene todo intencionadamente parado”.
Precisó que se trata de unos contratos con la sanidad privada que el PSOE quiso cambiar “y que hoy están a un paso de entrar en los juzgados”. En esta línea, subrayó que ya no solo el PSOE, sino también la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública e Intersindical Canaria, entre otros colectivos, denuncian que este Gobierno y su presidente “trabajan protegiendo a la sanidad privada”.
Hernández consideró que la situación de Canarias “es tan esperpéntica” que incluso una sección del hospital Doctor Negrín la gestiona una empresa privada a pesar de que los informes económicos del Gobierno dicen que sería más barato gestionarlo por la pública.
