Sí se puede insta a las instituciones canarias y del Estado a tomar medidas legislativas y ejecutivas que garanticen la igualdad social de las personas de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales.
La organización ecosocialista considera que las instituciones públicas deben comprometerse en su labor de garantizar el derecho a la igualdad de trato y no discriminación, mediante la puesta en marcha de actuaciones contra la homofobia y la transfobia en la sociedad. Esto es así porque, a pesar de los reconocimientos legales, siguen existiendo numerosos casos de discriminación hacia el colectivo LGTBI.
La LGTBIfobia es una realidad palpable, hasta convertirse en la principal causa de acoso en los centros educativos; en el ámbito sanitario, a menores se les opera para “normalizar” sus genitales desde criterios puramente binaristas y, lo que es peor, sin su consentimiento; y los procesos de tránsito sexual o de género aún dependen en algunas Comunidades Autónomas de informes psicológicos, psiquiátricos o médicos, con un marcado carácter patologizador.
Por ello, Sí se puede considera que el Congreso debe tramitar el proyecto de ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales y de igualdad social de las personas integrantes de estos colectivos promovida por la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP).
A juicio de Sí se puede, el Gobierno de Canarias debe asumir la defensa de los derechos de las personas LGTBI y a trabajar por la erradicación de cualquier tipo de discriminación social, laboral, económica, prestando especial atención a menores y jóvenes en los espacios educativos, así como a las personas LGTBI mayores o con diversidad funcional, en el marco de lo establecido en la iniciativa legislativa de la Federación citada, de los colectivos LGTBI de Canarias y de la Ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, aprobada por el Parlamento de Canarias el 24 de octubre de 2014.
Además, el Instituto Canario de Igualdad debe garantizar las medidas de protección, el derecho a información, asistencia jurídica y medidas de apoyo social a las personas víctimas de violencia intragénero, mientras que el Gobierno de Canarias debe garantizar en el terreno sanitario el tratamiento integral a todas las personas, independientemente de su orientación sexual y su identidad de género, con un enfoque que las despatologice y que evite intervenciones quirúrgicas en las características sexuales sin el consentimiento expreso de la persona afectada, posponiéndolas a la edad adulta cuando se trate de menores.
La organización ecosocialista considera que las políticas de diversidad sexual y de género deben contar con las corporaciones locales para su aplicación efectiva. Por este motivo, reivindica la dotación a las entidades locales de competencias en esta materia, así como de suficientes medios y recursos para, en colaboración con el Gobierno del Estado y el Gobierno de Canarias, asegurar la implementación adecuada de todas las políticas e iniciativas necesarias para garantizar la igualdad efectiva de las personas en todos los pueblos y ciudades.
Esta implicación de las entidades locales debe traducirse en el desarrollo de programas y proyectos de atención, información, formación y sensibilización que hagan de las ciudades y pueblos espacios seguros para la identidad y diversidad sexual.
