El Gobierno de Canarias quiere reducir del 25 al 8 por ciento el empleo temporal en la administración pública a lo largo de los tres próximos años, ha informado el director general de Función Pública, Francisco Rodríguez.
Esta es una de las conclusiones de la Mesa General de Empleados Públicos, en la que se ha llegado a un principio de acuerdo por parte de sindicatos y Gobierno para poner en marcha el próximo año un plan de estabilización del empleo temporal en el ámbito de la Comunidad Autónoma 2017-2019 dirigido a contratados temporales que lleven más de tres años ocupando las plazas.
La administración se ha comprometido a presentar un borrador en septiembre de este plan de estabilización de empleo temporal para posteriormente comenzar su negociación en el ámbito de la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos.
Francisco Rodríguez ha manifestado que en estos momentos están determinando qué plazas estarían dentro de ese plan de estabilización para así articular las correspondientes ofertas de empleo público.
Ha detallado que la Ley General de Presupuestos Generales del Estado es la que permite esta estabilización de plazas en el ámbito de los servicios sociales, del Servicio Canario de Empleo, del personal sanitario, docente y los de recaudación y gestión tributaria.
Asimismo, ha precisado que hay diferentes tasas de temporalidad en educación, sanidad, justicia y administración general, si bien de forma global la temporalidad está en el 25%.
El director general de Función Pública ha informado de que hay en torno a unos 3.000 trabajadores temporales en la administración general y ha alertado de que sanidad y educación son las áreas donde hay un mayor volumen de contratados temporales, si bien no ha precisado el porcentaje de empleados que hay en esta situación.
Además, ha informado de que en la reunión de la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos se trató la modificación de un reglamento que va a aumentar el porcentaje de plazas que pueden ser cubiertas en el ámbito de la Administración Pública por personas con discapacidad.
Actualmente la legislación estatal lo fija en un mínimo de 7% y en Canarias se ha llegado al acuerdo de establecerlo en un mínimo del 8% con el objetivo final de que al menos el 3% del personal de la administración corresponda a personas con discapacidad.
También se ha llegado a un acuerdo de modificación del reglamento que regula el horario de trabajo y la jornada de los empleados públicos incorporando diferentes medidas de conciliación laboral y personal.
De esta manera, ampliarán el periodo diario de descanso para personas con discapacidad de hasta 45 minutos, incorporarán medidas de conciliación relacionadas con el cuidado de hijos en el periodo estival y la posibilidad de una incorporación al trabajo paulatina de los trabajadores que han sufrido cáncer.