La situación del empleo en Canarias sigue ofreciendo datos poco alentadores que, tras un detallado análisis, deben preocupar a todos los agentes políticos, económicos y sociales del Archipiélago.
Con una tasa de paro del 26 por ciento, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), la mitad de los parados registrados no perciben ninguna prestación por desempleo. Los trabajadores ocupados, por su parte, se integran en el grupo de retribuciones más bajas que se percibe en España, que es el de la industria hostelera. Esta precariedad de ingresos se traduce en que nuestras Islas se encuentran a la cola del gasto por persona en 2016, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), por su escaso poder adquisitivo.
Y no se puede recurrir a tópicos groseros como que los trabajadores isleños somos aplatanados, pues 1.300 canarios, por ejemplo, han optado por responder a su situación en el mercado laboral sumándose al trabajo autónomo en el primer semestre de este año. Sin lugar a dudas, contamos con emprendedores, como prueba también que ocupemos lugares destacados en cuanto al número de empresas creadas en el presente ejercicio.
En contraste, es revelador el hecho de que nuestra Comunidad Autónoma, aumentó su población incluso durante la crisis, ganó casi 20.000 habitantes el pasado año, cuando lo general es que los saldos inmigratorios tienden a decrecer en tiempos de recesión económica y, por lo tanto, de escasez de oferta en el mercado de trabajo. Y la estadística nos dice que las siete islas siguen hoy recibiendo población y tienen más habitantes que en 2016.
Como contrapunto a la realidad del desempleo y la precariedad laboral, lastrada por la temporalidad y los bajos salarios, destacan las informaciones que señalan que los aeropuertos canarios están recibiendo más viajeros que el pasado año y sube, además, la facturación del destino turístico canario: el gasto total de los visitantes extranjeros creció un 13,1 por ciento hasta mayo.
Se produce así una contradicción singular, como es que, mientras los beneficios generados por la actividad turística en Canarias crecen significativamente, las previsiones resaltan que la inflación y los precios crecerán el doble que los salarios al cierre de este año de 2017. La pérdida de poder adquisitivo de la población se mantiene, a pesar de que la crisis está superada, según los análisis de importantes fundaciones.
De momento, Canarias ha tenido buenas noticias como resultado de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, unos recursos financieros extraordinarios que deben suponer un importante respiro en materias como educación, sanidad y servicios sociales. Pero nada sabemos aún del dinero comprometido para el Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) durante este año que corre hacia su final.
La responsabilidad, sin embargo, nos alcanza a todos, no sólo al Estado. Las actuales políticas de empleo y concertación social desarrolladas en Canarias están teniendo, de forma evidente, pobres resultados. Las acciones para la indispensable diversificación e internacionalización de nuestra economía tampoco parecen prosperar al corto plazo.
Desde la Agrupación Socialista Gomera (ASG) entendemos, además, que el objetivo de intentar que la actual legislatura autonómica acabe con un paro en torno al 20 por ciento de la población activa, más allá de posibilismos, es poco ambicioso para un problema tan trascendental. Parece que los poderes públicos se están limitando a repetir, salvo excepciones de poco alcance, el mismo modelo que nos sumió en la depresión económica. Y esto no es de recibo, nuestra sociedad demanda soluciones a sus representantes institucionales.
Necesitamos hacer frente a nuestro, sin duda, principal problema estructural con valentía y urgencia. Demandamos, como formación progresista que es ASG, un plan estratégico que, de forma eficaz, equilibre nuestra economía y genere auténtica riqueza social, una riqueza que alcance a todos los canarios y a todas las islas a través de la generación de empleo estable y de calidad. Necesitamos un empujón firme hacia adelante en un asunto que no registra ningún avance significativo año tras año y desde hace mucho tiempo. Y para ello no es suficiente el impulso institucional, se necesita del compromiso y el trabajo conjunto de todas las representaciones y agentes sociales.
