El Parlamento de Canarias cerró este período de sesiones con buenas noticias para la ciudadanía de las islas. La primera es que la Cámara aprobó por unanimidad la ley de Crédito Extraordinario y Suplemento de Crédito, que suma 340 millones de euros a los presupuestos de este ejercicio. Es la mayor ampliación de crédito de la historia de nuestro autogobierno y se destina a sanidad, educación y políticas sociales, áreas lastradas por los importantes recortes a los que obligó la reciente recesión económica.
Los 155 millones más que se dedicarán al sistema sanitario suponen aportar recursos materiales y humanos hoy urgentes para afrontar las paralizantes listas de espera y para atender necesidades que tendrán importante reflejo en las islas no capitalinas, como son la puesta en servicio de nuevas ambulancias medicalizadas.
Asimismo, es de suma importancia la financiación del II Plan Sociosanitario de Canarias, que permitirá dar mejor asistencia a una población envejecida y dependiente cada vez más numerosa, como así sucede también de manera notoria en La Palma, La Gomera y El Hierro.
Igualmente, son notables los recursos que se agregan a la educación, el empleo, la lucha contra la violencia de género… Supone todo ello recuperar los déficits que nuestra sociedad del bienestar ha acumulado en los últimos años por los recortes que impuso el Estado a nuestra financiación y que han supuesto un importante freno a la calidad de nuestros servicios públicos esenciales.
Ahora le toca al Gobierno de Canarias, a la Administración autonómica, hacer que estos recursos económicos se concreten con rapidez y eficacia en los objetivos a los que están destinados en la ley aprobada. Es una responsabilidad de primer orden a la que hará un atento seguimiento Agrupación Socialista Gomera (ASG).
Pero no fue la única buena nueva que nos deparó el último pleno del Parlamento. La aprobación por unanimidad de una iniciativa para apoyar al Gobierno de Canarias, en las próximas negociaciones con el Gobierno de España, para mejorar el sistema de financiación autonómico es la lógica continuación a estas políticas, pues no se trata de otra cosa que de exigir al Estado el cumplimiento del principio de suficiencia financiera y que, por lo tanto, los recursos sean adecuados para atender con eficiencia la prestación de los servicios transferidos.
Canarias cuenta, no cabe duda, con una coyuntura política estatal favorable que le está permitiendo dar pasos importantes en cuanto a su financiación, como lo ha sido la reciente desvinculación del Régimen Económico y Fiscal (REF) de este sistema y, en consecuencia, nuestra participación en el Fondo de Competitividad, lo que ha representado 220 millones de euros más para este año en las islas. La próxima negociación a la que nos referimos es una nueva oportunidad para hacer justicia con Canarias, con su gente, que debemos afrontar juntos todas las fuerzas políticas que representamos a su población.
Estos hechos, que son un alarde de sentido común por parte de todas las fuerzas parlamentarias, más allá de intereses y confrontaciones partidistas, ocurrieron el mismo día en que el Partido Popular de Canarias renunciaba a incorporarse al actual gobierno en minoría de Coalición Canaria. Esto supone que será el Parlamento regional el centro de la actividad política de nuestro Archipiélago, porque todas las acciones de gobierno deberán estar respaldadas por una mayoría que nacerá del acuerdo a la hora de definir cuáles son los intereses generales y las prioridades de cada una de las islas y de sus gentes. Estaremos, sin menoscabo de cualquier forma de legitimidad democrática, por encima de las conveniencias surgidas del mero reparto de poder. Canarias deberá estar en manos, ahora más que nunca, de la política del diálogo y la sensatez.
