Los siete cabildos colaborarán con el Gobierno de Canarias remitiéndole la información necesaria para elaborar el segundo ciclo de los planes hidrológicos antes de septiembre de 2018 y así evitar que la Unión Europea sancione y suspenda los fondos Feder y europeos a España.
El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno canario, Narvay Quintero, ha informado después de la reunión de la Asamblea General de la Federación Canaria de Islas (Fecai), reunida este martes en Santa Cruz de Tenerife, de que se ha acordado que los cabildos remitan la documentación al Gobierno de Canarias, institución que ha asumido la competencia que le corresponde a las corporaciones insulares.
Asimismo, esta información se enviará a la empresa pública a la que se le han encomendado los siete planes hidrológicos, cuya elaboración le costará al Ejecutivo regional un total de 1.600.000 euros.
Además, se firmará un convenio de colaboración con cada uno de los consejos insulares avalados por los presidentes de los cabildos, en el que se determinen las funciones que tendrá cada una de las partes, es decir, los consejos insulares de aguas, cabildos y Gobierno.
«Los cabildos están dispuestos. Hay predisposición para cumplir el compromiso», ha manifestado Quintero, quien, ha recordado que el pasado 26 de junio el Gobierno canario asumió las competencias temporales para desarrollar el segundo ciclo de los planes hidrológicos en todas las islas.
Aunque el Ejecutivo ya trabaja con el objetivo de tener los segundos ciclos aprobados en septiembre de 2018, el riesgo de sanción «no se elimina, sigue ahí».
Ha reconocido que el plazo inicial finalizaba en diciembre del año pasado pero la Comisión Europea lo ha ampliado porque, según Quintero, ha visto los trabajos «de buena fe y de trabajo conjunto» que ha hecho el Gobierno canario.
«El riesgo no se ha ido, tenemos que cumplir los plazos», ha aseverado el consejero, quien ha afirmado que el Gobierno hará todo lo que tenga que hacer para cumplir los plazos y no suspendan los fondos para Canarias y todo el Estado español.
Quintero ha explicado que los cabildos de La Gomera, Tenerife y La Palma son los que llevan los trabajos más avanzados y el resto están «muy retrasadas».
No obstante, ha agregado que este proceso atañe a todas las islas porque si no se cumplen con los plazos los fondos se suspenden «a toda España y a toda Canarias, independientemente de quien ha trabajado más o menos».
