El Gobierno de Estados Unidos ordenó hoy a los familiares del personal de su embajada en Caracas que abandonen el país a causa de los «crímenes violentos» y la falta «generalizada de alimentos y medicinas».
En la alerta de viaje, emitida por el Departamento de Estado, el Gobierno autoriza, además, la «salida voluntaria» de Venezuela de los empleados de la embajada a falta de tres días para las polémicas elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente.
«La situación política y de seguridad de Venezuela es impredecible y puede cambiar rápidamente«, subraya esta nueva advertencia de viaje del Departamento de Estado, que sustituye a la emitida el 15 de diciembre de 2016.
La alerta señala, además, que desde abril pasado hay manifestaciones diariamente en todo el país, que por lo general «provocan una fuerte respuesta policial» que incluye el uso de gases lacrimógenos o balas de goma contra los participantes.
Las «bandas armadas» asociadas con el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro «frecuentemente usan la violencia para intimidar a los manifestantes», indica también el Departamento de Estado al señalar que los enfrentamientos de los últimos meses han causado «más de 70 muertes».
El Gobierno de EEUU aumentó el miércoles la presión contra el plan del Gobierno venezolano de celebrar este domingo una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) al sancionar a 13 funcionarios y ex funcionarios venezolanos, y alertó de que, de producirse, esa elección podría marcar el «fin de la democracia en Venezuela».
De los trece sancionados por el Departamento del Tesoro, cuatro son castigados por haber promovido la Constituyente o por «socavar la democracia o los derechos humanos en Venezuela».
Entre ellos destacan Elías Jaua, presidente de la Comisión Presidencial para la Constituyente, ministro de Educación y ex vicepresidente de Venezuela; y Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), que ha defendido la convocatoria.
El Tesoro estadounidense también sancionó a una integrante de la comisión que dirige Jaua María Iris Varela; y al Defensor del Pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, por considerar que no está cumpliendo su cometido de «defender los derechos humanos» en el país.
El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió la semana pasada de que impondría nuevas sanciones al Gobierno de Nicolás Maduro si seguía adelante con su proyecto de Asamblea Constituyente.