Sí se puede respalda que la Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible acuda este 7 de septiembre a Bruselas para comparecer ante el Comité de Peticiones (PETI) del Parlamento Europeo y plantee ante las instituciones europeas los problemas de legalidad europea del paquete legislativo que ha desarrollado el Gobierno de Canarias en materia de ordenación del territorio y de los recursos naturales y urbanística.
“Esencialmente, expondremos las consecuencias legales, ambientales y socioeconómicas que la Ley de Islas Verdes, aprobada en el mes de septiembre de 2016, sobre la ordenación territorial turística de La Palma, La Gomera y El Hierro, y la Ley del Suelo de Canarias que ha entrado en vigor el pasado 1 de septiembre van a provocar” explica Martínez.
Para Sí se puede, estas leyes pretenden impedir un modelo económico sostenible para Canarias al abrir el territorio canario a los grandes capitales especulativos.
Ya en marzo, cuando la Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible acudió a Bruselas por primera vez, se advirtió que uno de los fines que pretende toda la estrategia del Gobierno de Canarias es aprobar normas que puedan ejecutarse rápido, de forma que, una vez ejecutados los proyectos, aunque haya sentencias tardías declarando su nulidad, la transformación del territorio y los recursos naturales sea irreversible.
“Desgraciadamente no nos hemos equivocado. En La Palma, ya se han puesto en marcha proyectos en espacios integrados en la Red Natura 2000 de la Unión Europea, como es el campo de golf de Tamanca, y en La Gomera la amenaza sobre el medio natural y el paisaje rural es cada vez más palpable”, manifiesta el consejero de Sí se puede en el cabildo gomero.
Para la Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible, este conjunto normativo, especialmente a través de la creación de los “proyectos de interés singular”, va en contra de algunos derechos fundamentales, no sólo de la legislación ambiental europea, sino de algunos derechos fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico europeo, y en particular por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, como son el derecho al medioambiente, el derecho a la igualdad ante la Ley y a la no discriminación, y el derecho de propiedad “porque a través de estos instrumentos de proyectos de interés singular, que se aprueban discrecionalmente por la autoridad administrativa, se puede poner en marcha el procedimiento expropiatorio, de forma que las garantías constitucionales y europeas del derecho de propiedad se convierten en una entelequia”.
“Lo que vamos a defender quienes conformamos esta representación de la Plataforma en Bruselas ante el PETI es algo que ya el diagnóstico expresado en la Memoria de la Directrices de Ordenación General recoge: “El objetivo de mantener nuestro medio natural coincide plenamente con el de hacer duradera nuestra principal fuente de recursos económicos. La defensa de los valores ambientales, imprescindible para sostener el atractivo turístico de las Islas, puede convertirse también en un magnífico reclamo para esa actividad”, finaliza su intervención Rubén Martínez.
