El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado que el Gobierno central controlará los gastos de la Generalitat de Cataluña para evitar el desvío de dinero al referéndum del 1-O.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Hacienda ha señalado que el Gobierno ha dado un plazo de 48 horas al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que apruebe un acuerdo de no disponibilidad presupuestaria sobre todo el presupuesto catalán. Si una vez transcurrido ese plazo, Puigdemont no contesta al requerimiento, el Gobierno asumirá los servicios públicos fundamentales de Cataluña, como las nóminas, la Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales a cuenta del sistema de financiación autonómica.
Montoro ha explicado que el Gobierno ha tomado esta decisión «ante la situación de manifiesta ilegalidad» en que está incurriendo el Ejecutivo de Carles Puigdemont. Se trata, ha dicho, de un mecanismo «de control de pagos novedoso».
El ministro ha dejado claro que este sistema de control de pagos «no afecta al ejercicio de las competencias», pero sí se garantizará que ningún pago de esa administración va a una actividad ilegal como puede ser el referéndum de independencia convocado para el 1 de octubre.
Esta decisión incluye una apercibimiento al presidente de la Generalitat para que haga un acuerdo de no disponibilidad de gasto en relación con esas partidas y si no es atendido, será el ministro de Hacienda quien lo adopte.
