El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha señalado que la posibilidad de pedir que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, vaya a prisión por malversación de fondos públicos «está abierta».
Así se pronunció Maza, en una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia, en la que subrayó que «no hay desproporción» en los actuaciones que ha ordenado la Fiscalía para desactivar la celebración del referéndum previsto para el próximo 1 de octubre. «Al revés. Nos esforzamos por no ir más allá de la ley», matizó.
Al mismo tiempo, dejó claro que «de momento, no hay más instrucciones que dar» para frenar la organización y logística del 1-O y mostró su confianza en que no haya que dar más hasta ese día.
«Bajo desobediencia»
A su vez, se mostró «absolutamente convencido» de que Puigdemont ha actuado durante todo este tiempo «bajo desobediencia». No obstante, dijo que serán los tribunales los que tendrán que pronunciarse al respecto.
Explicó que la prevaricación y la desobediencia no están castigadas con penas de prisión «pero la malversación sí», lo que le sirvió para aseverar que «la posibilidad de que se pida prisión para Puigdemont por malversación de fondos públicos está abierta».
Maza fue más allá al manifestar que la Fiscalía «está convencida» de que Puigdemont «está incurriendo en delitos de desobediencia, malversación y prevaricación».
Acusado de rebelión
Respecto de la posibilidad de que el presidente de la Generalitat sea acusado de rebelión si declara la independencia de Cataluña, aclaró que «la rebelión es una desobediencia por métodos violentos. Dependiendo del grado de violencia, estaríamos ante una rebelión».
Al mismo tiempo, comentó que el delito de sedición «pasa por lo tumultuario y el delito de rebelión requiere violencia».
Advertencia a Trapero
Además, el fiscal general del Estado ha asegurado este lunes que resulta «de lo más obvio» que los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tengan que coordinarse para actuar ante el referéndum del 1 de octubre y asegura que el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero «tendrá consecuencias legales» si no lo cumple.
Por último, conminó a los alcaldes a que respondan si es cierto que van a ceder locales municipales «para el acto ilegal» del 1 de octubre.
Puigdemont rechaza la violencia
Por su parte, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont destacó hoy en París que el recurso a la violencia «no ha sido ni será jamás» una opción y reprobó que, a su juicio, «por parte de Madrid se haga apelación a la violencia».
«La violencia no es una opción en Cataluña, nunca lo ha sido. Lo hemos mostrado al mundo durante seis años consecutivos de grandes manifestaciones con más de un millón de personas sin ningún incidente», dijo hoy Puigdemont en una entrevista a la emisora pública de radio «France Inter».
Para el presidente de la Generalitat, debe tomarse en cuenta «la legitimidad de los catalanes que se han expresado en las últimas elecciones en favor del derecho a decidir», algo que «en una democracia no deben regular los tribunales sino la política».
Insistió en que «todo está en marcha» para el referéndum unilateral convocado el próximo domingo, que, en su opinión, «por supuesto que se celebrará».
Explicó que entraba en sus planes «una reacción del Estado de ese nivel, aunque esté fuera de la Constitución, porque han reaccionado como si hubiera un estado de excepción».
Aunque consideró que «no hay que prejuzgar cuál será el resultado», reconoció al mismo tiempo que «entre quienes declaran que van a ir a votar, una amplia mayoría dicen que van a votar que sí».