La magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha citado a declarar este viernes en calidad de investigado al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, a una de sus subordinadas y a los presidentes de la ANC y Onmium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, por un presunto delito de sedición en relación a los incidentes que tuvieron lugar los pasados días 20 y 21 de septiembre a las puertas de la Consejería de Economía en Barcelona, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.
La titular del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional acuerda estas diligencias una semana después de admitir a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía contra las personas que participaron en estas protestas que se originaron tras los registros acordados por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona al entender que estos hechos pueden ser constitutivos de delitos de sedición por ir “dirigidos a romper la organización territorial del Estado”.
La denuncia por sedición atribuye esta conducta delictiva a las “personas que han inducido, sostenido o dirigido estas actuaciones” pero también a la “existencia de un concierto de voluntades entre personas o entidades, públicas o privadas” que con sus actos hayan impulsado movilizaciones o “movimientos populares para imponer el referéndum independentista por la fuerza de la intimidación”. Este delito conlleva una pena de prisión de 8 a 10 años y de 10 a 15 años si quien lo comete es “una persona constituida en autoridad”, según el artículo 545 del Código Penal.
Como primera diligencia de investigación, la juez pidió el informe del instituto armado que incluye hasta seis peticiones por escrito a los Mossos en relación con los incidentes de la conselleria, contestadas -en algún caso dos horas después- con escuetas respuestas de que se había dado trámite a la solicitud. Además de las peticiones por escrito, los guardias pidieron en varias ocasiones ayuda a la intendente de los Mossos, Teresa Laplana, desplazada al lugar desde primera hora de la mañana, pero hasta las 14.30 horas no se presentó un responsable de la Unidad de Control de Masas.
En una de esas peticiones, se traslada a la intendente de los Mossos la necesidad de proteger los tres coches que habían quedado fuera y que ya estaban rodeados. Se le dijo que los coches tenían “armas largas” y que si los manifestantes accedían a los vehículos “podría incrementarse la amenaza de forma muy importante”. La intendente respondió, según el guardia, que no podía hacer nada y que su intención era “mantener la situación”.
Protesta coordinada
El relato de los guardias que actuaron revela que los agentes que custodiaban la puerta se vieron obligados a entrar en el edificio para evitar “el enfrentamiento directo” ante la actitud “cada vez más hostil” de los manifestantes. Y, a medida que avanzaba el día y crecía el número de asistentes, la Guardia Civil constata que la protesta estaba coordinada y organizada, incluso con avituallamiento y con voluntarios que formaron una cadena humana para permitir la salida del edificio de las autoridades y trabajadores, pero no de la comitiva judicial.
A las diez de la noche se dio por finalizado el registro, pero la comisión judicial “quedó retenida y sitiada en contra de su voluntad”. Dos horas después, Sánchez y Cuixart, subidos a un vehículo de la Guardia Civil -que ya habían sido destrozados- arengaron a los asistentes a persistir en la protesta. A juicio de la Guardia Civil, ambos demostraron capacidad para coordinar la protesta, pero no usaron ese control para disolver una manifestación que habían convocado y que estaba “coaccionando” a los agentes.
Más tarde, “la masa” intentó acceder al edificio por la fuerza. El testimonio de uno de los agentes dice: “El ambiente en el exterior era muy tenso y hostil, tirando objetos e insultando constantemente a los guardias civiles. También realizaban cánticos en los que decían ‘esta noche dormiréis aquí’ (…) sobre las 3 de la mañana hubo una carga violenta de los manifestantes contra las puertas en la que por parte de unos 15 agentes de Mossos y Guardia Civil hubo que aguantar las puertas, puesto que parecía que la masa podía tirarla abajo y acceder”.
Para entonces, la secretaria judicial había salido por un teatro anexo camuflada entre el público que había ido a la función. Los agentes salieron entre las cuatro de la mañana y las siete. Además, el informe deja constancia de que aquel día la Guardia Civil envió hasta 24 solicitudes de apoyo a los Mossos, diez de ellas con carácter urgente, en diversos puntos de Barcelona, en Sabadell, en Hospitalet, Les Franquesas del Vallés, Vic, Tarrega, Lleida, Manresa, Reus y Valls.
En concreto, alertaron de una concentración que se dirigía a la casa cuartel de Vic, por lo que pidieron apoyo para garantizar la integridad del personal que allí presta servicio y de las familias que allí residen; e hicieron lo mismo en el polígono industrial de Bigues, puesto que la comisión judicial no podía abandonar el lugar al haber varias personas tiradas en el suelo.
Incluso, advierten de que han tenido conocimiento de que “todos los alumnos de bachillerato de los dos institutos” de Tarrega se concentraran al día siguiente frente al cuartel de esta localidad.
