La ponencia del Parlamento de Canarias que estudia la reforma del sistema electoral está de acuerdo en aumentar el número de diputados para mejorar la proporcionalidad en la representación parlamentaria, lo que liquidaría el modelo de la triple paridad, y todos los partidos coinciden en consensuar los siguientes pasos con flexibilidad y sin líneas rojas.
La diputada del PP, Australia Navarro, ha actuado este lunes como portavoz de todos los grupos para explicar el resultado de la reunión de la ponencia, que a puerta cerrada ha analizado las alternativas para la distribución de los nuevos diputados.
También han hablado de la posibilidad de que la situación política derivada del conflicto de Cataluña pueda alterar la tramitación de la reforma del Estatuto de Autonomía en el Congreso de los Diputados.
El vigente Estatuto de Autonomía limita los parlamentarios regionales hasta un máximo de 70, mientras que si prosigue su reforma en el Congreso se podría aumentar el número para mejorar más la proporcionalidad de la representación de la población en el Parlamento de Canarias.
Los partidos que participan en la ponencia (CC, PSOE, PP, Podemos, NC y ASG) están todos de acuerdo en que ninguna isla pierda representantes con respecto a la situación actual, en la que hay sesenta diputados de los que 15 corresponden a Tenerife, 15 a Gran Canaria, ocho a La Palma, ocho a Lanzarote, siete a Fuerteventura, cuatro a La Gomera y tres a El Hierro.
A esos 60 escaños se sumarían nuevos parlamentarios, aunque aún no se ha determinado el número ni hay acuerdo sobre cómo se elegirían.
Las alternativas que se contemplan son tres: una lista regional; distribuir los nuevos diputados entre Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura; o asignarlos en un colegio de restos autonómico o en dos colegios de restos provinciales.
Para la próxima reunión, dentro de un mes, los grupos llevarán sus propuestas con un criterio flexible y sin líneas rojas para decidir entre todos el camino a seguir, indicó Australia Navarro.
De momento, los grupos mantienen el acuerdo de reuniones previas para rebajar las barreras electorales, de manera que la regional bajaría del 6% al 5% y la insular del 30% al 15%, aunque este punto está condicionado a que haya consenso sobre la distribución de los nuevos diputados.
También están de acuerdo en que el nuevo sistema electoral tiene que estar vigente para las próximas elecciones autonómicas, en 2019.
