El 1 de Octubre asistimos al hachazo final del caduco Régimen del 78, que se opuso con porras y golpes a ciudadanos que reclamaban más democracia. El orden establecido cerró filas amparándose en una ley utilizada para defender la unidad de España, pero que sin embargo no respeta su pluralidad. Con la intervención policial, el Gobierno consiguió justo lo contrario de lo que pretendía, que no era otra cosa que acabar con los anhelos de gran parte de la población catalana de poder votar. Es contradictorio que en una democracia moderna se niegue ese derecho a sus ciudadanos, y que al mismo tiempo los poderes públicos emanados de ella se salten los procesos democráticos habilitados para legitimar una causa en su nombre. Y es importante aclarar nuestra postura al respecto, que sigue siendo la misma desde el principio: no se puede hacer un referéndum sin garantías, pero tampoco se puede obviar la demanda de un pueblo que quiere votar. Hay que tomarse muy en serio un derecho fundamental como es el del voto, y que tanto ha costado lograr.
Como decimos, todo esto forma parte del declive del Régimen del 78. Un sistema creado en plena transición democrática que ha quedado ya muy obsoleto porque no ha evolucionado al mismo ritmo que lo ha hecho la sociedad española.
Fruto de ese Régimen del 78 es la actual concepción del modelo territorial del Estado. El sistema autonómico nace en ese momento, y si el Régimen está caduco, muchos de los conceptos, procesos y herramientas también lo están. Es el caso, por ejemplo, del sistema electoral canario, que nació como una forma de garantizar la representatividad de los habitantes de las islas menos pobladas y ha acabado siendo un sistema perverso, injusto y totalmente antidemocrático.
Es un sistema creado por las élites canarias que ha permitido perpetuarse en el poder a un partido que lleva una década siendo el tercer partido más votado, y sin embargo, el primero en número de escaños.
Me imagino las risas en determinados despachos de Canarias en los últimos procesos y campañas electorales, donde seguro que alguien cita a Frank Underwood, el protagonista de ‘Hourse of Cards’, diciendo “la democracia está sobrevalorada”.
Y es que precisamente este déficit democrático que sufrimos en Canarias provoca lo que podemos llamar un efecto de bola de nieve de deslegitimidad. Es decir, provoca que tengamos un Parlamento poco representativo, donde los más votados tienen menos número de escaños, permitiendo así que una minoría termine tomando decisiones a favor sólo de unos cuantos privilegiados, sin tener en cuenta a la gran mayoría social de Canarias. Y todo eso, amparándose en la excusa de que las islas menos pobladas deben estar lo suficientemente representadas en la Cámara autonómica.
Sin embargo, los ideólogos y defensores de este sistema profundamente antidemocrático obvian que la isla donde mayor pobreza hay es la que tiene mayor representación en el sistema electoral. Estamos convencidos de que los habitantes de El Hierro o La Gomera quieren una igualdad real que se manifieste donde debe hacerse: en el reparto de los presupuestos, en infraestructuras, en políticas sociales y de bienestar, y no en un reparto del voto injusto, que permite a caciques perpetuarse en sus poltronas, y que no ha servido para equiparse a las islas capitalinas.
Pero es más, estos 33 años con este sistema solo han servido para que ocupemos el último lugar en empleo, desarrollo y servicios sociales de España y de toda la Unión Europea. Y el primero en pobreza. La desproporción, por tanto, lleva a una desproporción de todas las decisiones que se toman en el Parlamento, que se manifiesta en la propia evolución del actual Gobierno de Canarias, que ya no necesita ni disimular. El señor Clavijo fue puesto ahí por unas élites que sólo tienen un objetivo claro, enriquecerse aún más a costa de todas y todos los canarios, y como muestra, la Ley del Suelo neoliberal y salvaje, redactada a medida de los grandes empresarios y que entrega nuestro bien más preciado, el territorio canario, a la especulación. Clavijo no necesita disimular ni tiene ningún complejo. De hecho, es capaz de presumir de nuestros bajos salarios y de la precariedad laboral que sufrimos como un elemento diferenciador respecto a otros lugares. Nuestra vergüenza, su orgullo.
Todo esto demuestra que el Régimen del 78, que el sistema electoral canario, han propiciado que suframos un expolio, que el Gobierno de las élites utilice los instrumentos y sus recursos de la Administración autonómica para enriquecerse impunemente.
Por tanto, el mantenimiento de este sistema electoral solo tiene una explicación, perpetuar en el poder a un partido afín a los intereses de unos pocos, que sea cual sea el resultado, siempre gobierna. Y esto tiene un nombre: se trata de un pucherazo. Un pucherazo legal, pero nunca legítimo.
Desde Podemos no nos vamos a conformar con ponerle parches a un sistema que hace aguas por todos lados. Reclamamos una reforma auténtica y profunda.
Es importante que entre todos y todas hagamos pedagogía con la gente, que llevemos este debate a la calle, que todo el mundo sea consciente del antidemocrático sistema electoral que sufrimos en Canarias. Pedimos una Ley Electoral Proporcional. Para que el sistema electoral injusto no siga generando un país injusto.