La gestión directa del Cabildo de La Gomera del Parque Nacional de Garajonay no se pretende hacer por capricho, sino buscando una mejora de este espacio tanto desde el punto de vista de la sostenibilidad y preservación de sus medios naturales como de su rentabilidad y dotación de más medios. El cobro de determinados servicios es un debate recurrente y que de nuevo ha vuelto a saltar a la opinión pública tras el anuncio del Cabildo de Tenerife de aplicarlo en cuestiones como los aparcamientos del Teide. Único parque nacional que hasta ahora ha sido transferido a una institución insular de Canarias.
El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo Curbelo, siempre ha defendido que se cobre por la prestación en el parque de servicios adicionales. Por ejemplo, en rutas guiadas, visitas a sitios concretos, conocimiento de senderos y de la enorme riqueza biológica de este espacio. Todo ello repercutiría en un mayor conocimiento de los valores naturales del parque y a la vez el dinero iría destinado a restaurar zonas degradadas y mejorar las demás. Curbelo rechaza, sin embargo, cobrar algún tipo de tasa a los turistas, tanto en la llegada al puerto como por otra vía. En cuanto al traspaso de las competencias, indica que se está en negociaciones con el Gobierno canario pero considera que es un paso que ya debía haberse dado.
El conservador del Parque, Ángel Fernández, subraya que la captación de fondos es una cuestión que se tendrá que debatir y decidir cuando La Gomera tome las riendas directas de su espacio natural protegido por antonomasia. Su opinión personal es que el cobro sería viable en el caso del Centro de Visitantes que recibe una importante afluencia de público. Sin embargo, no ve las mismas posibilidades a la hora de aplicarlo en los aparcamientos dado que estos son muy pequeños y diseminados a lo largo del Parque Nacional. Otras posibilidades sería establecer un canon en el billete de ferry a los turistas. A partir de aquí la discusión se centraría en el destino de estos fondos y si servirían para conservar la naturaleza u otros fines distintos. “Creo que son cuestiones que se deben abordar y analizar con mucha prudencia”, indica Fernández.
La cesión de la gestión de este espacio al Cabildo de La Gomera estaba prevista para principios de este año, tal y como anunció en su momento tanto el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, como la consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto en la Cámara regional. Por ello, Curbelo como diputado de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), preguntará a esta última si se va a cumplir la previsión y los acuerdos de la comisión de los parques nacionales adoptada a principios de 2016 y los compromisos de colaboración insular suscritos a finales de ese año.
En todos estos casos se acordó que a principios de este ejercicio se delegaría la gestión del Garajonay al Cabildo. Pero como resulta evidente, “este importante asunto nunca ha llegado a completarse y ha quedado en el aire. Y eso a pesar de lo mucho que se ha avanzado y de lo más que preparado que está el Cabildo para asumir la delegación”.
Curbelo lamenta que diez meses después de la fecha comprometida, “aún quedan hitos pendientes y no se ha formalizado el acuerdo correspondiente, ni la regulación de la metodología para el cálculo de los medios y servicios a delegar y, por supuesto, no se ha aprobado el correspondiente Decreto”.
Por ello, el diputado regional apuesta por fijar el nuevo plazo coincidiendo con el inicio de 2018, ya que de lo contrario quedaría en el aire la financiación y el traspaso de los servicios, medios personales y materiales y los recursos delegados a la Corporación insular. Todos ellos deben estar consignados en los presupuestos regionales del próximo ejercicio y dotados de forma que se cumpla con el principio de suficiencia financiera para poder asumir con garantías y eficacia este servicio .
Curbelo apuesta por contemplar las previsiones correspondientes en las cuentas de la Comunidad autónoma que están ahora mismo en elaboración. De lo contrario la cesión se tendría que posponerse para principios de 2019 y por lo tanto se estaría ya a final de la legislatura. El diputado sostiene que “no podemos permitirnos este retraso para un asunto tan importante para La Gomera y más aún cuando resulta que estamos todos de acuerdo”.
Hace escasas fechas desde la Consejería se respondió a esta misma cuestión y se hizo en el sentido de que previamente era necesario que el Gobierno canario tomase la correspondiente decisión así como proceder a calcular los medios que se van a delegar. A partir de ese momento se abriría un período de colaboración y trabajo conjunto con el Cabildo para acordar el traspaso de medios personales y materiales, servicios y recursos delegados. El año pasado el Cabildo presentó el proyecto para llevarlo a cabo y la Comisión de parques nacionales canarios lo informó favorablemente. Estos trámites son preceptivos para poder asumir la gestión directa, pero lo cierto es que poco más se ha sabido desde entonces.
El Decreto que fijaba el traspaso de competencias del Gobierno central al canario fue aprobado a finales de 2009 en el transcurso de un Consejo de Ministros celebrado en Las Palmas de Gran Canaria. Dos años después el ejecutivo autónomo dio el visto bueno a la constitución de la Red Canaria de Parques Nacionales. El nuevo organismo contemplaba la creación de una comisión encargada de establecer los criterios comunes de ordenación y funcionamiento del Teide, Garajonay, Timanfaya y la Caldera de Taburiente, y el traspaso de las competencias de su gestión a los cabildos insulares.
El decreto establecía como objetivos la institucionalización de la conexión e interrelaciones existentes entre los cuatro espacios naturales con mayor protección de Canarias. Igualmente, incluía su conceptuación como un sistema coherente, interdependiente y representativo de las singularidades y valores naturales, estéticos, sociales, culturales y científicos de los parques nacionales del Archipiélago.
Una vez ejecutadas las transferencias las corporaciones insulares se encargarán de las funciones ejecutivas y de gestión de los parques, así como de las de contratación. Lo cierto es que hasta ahora sólo ha dado este paso la Isla de Tenerife en el caso del Parque Nacional del Teide, mientras que en las restantes se está anunciando como inmediato desde hace ya varios años, sin que haya llegado a concretarse.
El Decreto justificaba la idoneidad de que los cabildos asumieran estas responsabilidades por la concurrencia de circunstancias de “homogeneidad y continuidad territorial y ecológica entre los parques nacionales y los espacios naturales ubicados en la misma Isla”. A esta argumentación se sumaría la armonización y optimización de las políticas y estrategias de conservación, protección y sostenibilidad de esos espacios, ya que la gestión de las áreas naturales de cada isla recae en las corporaciones insulares desde hace tiempo.
Los cabildos estaban obligados a detallar la asignación de los medios personales y materiales adscritos al parque correspondiente y las dotaciones presupuestarias que en cada ejercicio se determinen. Cuando se concrete este traspaso de competencias el personal del Parque Nacional dependerá de cada institución insular.
