EL PAÍS.- El Senado ha aprobado, tras seis horas de debate, la aplicación del artículo 155 de la Constitución, una solución extrema e inédita en la democracia, para frenar el proceso independentista de Cataluña, por 214 votos a favor, 47 en contra y una abstención. La medida, apoyada por el Partido Popular (con sus coaligados Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro), el PSOE y Ciudadanos, supone el cese del presidente de la Generalitat y su Gobierno, la restricción de los poderes del Parlamento catalán, la intervención de organismos y servicios de la comunidad autónoma, como los Mossos d’Esquadra, y la convocatoria de elecciones en una plazo de seis meses. Fue tras una sesión densa, a menudo bronca y cargada de inquietud por el transcurso del pleno del Parlament catalán. La votación llegó después de la aprobación en Barcelona de la resolución para declarar la independencia. Se han opuesto al 155 Unidos Podemos y sus confluencias, Esquerra Republicana de Catalunya, Partido Nacionalista Vasco y el PDeCAT.
La aprobación de este precepto constitucional no supone su puesta en marcha sino que solo autoriza al Gobierno a utilizarlo, en cuanto lo ratifique en Consejo de Ministros, que está previsto que sea de forma inmediata. El fin del trámite en el Senado, que ha durado seis días, ha cerrado unos días vertiginosos en los que el Gobierno y la Generalitat han estado tratando de alcanzar un acuerdo para descongestionar una de las situaciones más complicadas, junto al 23-F, que ha vivido España desde la instauración de la democracia tras la muerte del dictador Francisco Franco.
La sesión, que arrancó a las 10.00 de este viernes, inició su trabajo sobre el acuerdo alcanzado en la jornada anterior por la Comisión conjunta creada ad hoc para tramitar la aplicación del 155. La propuesta constataba la “extraordinaria gravedad en el incumplimiento de las obligaciones constitucionales”, las actuaciones de la Generalitat en contra del interés general y que su presidente, Carles Puigdemont, no atendió el requerimiento planteado por el Gobierno para regresar a la legalidad. En ese sentido, consideraba procedente la aprobación de medidas extraordinarias para garantizarla.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha intervenido al principio para recordar los hechos que han conducido a adoptar esta “decisión excepcional” tras un “proceso continuado de decisiones antidemocráticas, contrarias a la ley y a los valores españoles y europeos” impulsado por la Generalitat y parte del Parlament. Rajoy ha incidido en los cuatro propósitos perseguidos con la aplicación del 155: volver a la legalidad, recuperar la confianza, mantener los niveles de crecimiento perjudicados por la situación y celebrar elecciones en un situación de normalidad institucional.
El PSOE ha mantenido desde ayer y durante toda la mañana una negociación con el PP para que admitiera una enmienda que dejaba en suspenso la activación del 155 si se convocaran elecciones en Cataluña. Sin embargo, ha terminado finalmente por retirar su propuesta. En cambio, tras un forcejeo de horas, sí ha llegado a un acuerdo para que el control de los medios de comunicación públicos catalanes resida en el Parlament tras la aplicación del precepto. Ambos partidos ya habían llegado a un acuerdo ayer para introducir una referencia a que las medidas se apliquen de forma gradual y proprocionada, según la evolución de las circunstancias.
Dos expresidentes autonómicos socialistas, José Montilla y Francesc Antich, de Cataluña y Baleares, se han ausentado a la hora de la votación. El pleno ha rechazado los votos particulares de Unidos Podemos y ERC.
En la propuesta aprobada, los órganos o autoridades designados por el Gobierno para llevar a cabo la medida ajustarán su actuación en cada caso a la normativa vigente, estatal o autonómica. Asimismo, la revisión jurisdiccional de los actos y disposiciones adoptadas en sustitución de la Generalitat se sujetará a las previsiones de la legislación procesal. Corresponderá a juzgados y tribunales creados o designados por el Gobierno. Una vez acordado el cese del Govern, el ejercicio de sus funciones serán asumidas por el Gobierno.
El documento también incide en que el incumplimiento de las medidas del acuerdo “se entenderá como incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución y al Estatuto”, y no será necesario recurrir a informes previos a los efectos de las infracciones previstas en la normativa estatal y autonómica.
La Comisión del 155 del Senado tendrá las facultades de seguimiento y control de estas medidas. Respecto a su duración y revisión, la propuesta deja abierta una puerta a modificar o actualizar las medidas. También a anticipar su cese, caso de que las causas que motivan la aplicación del procedimiento ya no lo hicieran necesario.