La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha admitido a trámite la querella por rebelión, sedición y malversación de fondos contra Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de los miembros del Govern. El expresident está citado para que comparezca entre el jueves y el viernes.
Según informa Marcos Pinheiro para el Diario.es, a magistrada acuerda también fijarles una fianza de 6.207.450 euros que deberán depositar en el plazo de tres días, con el apercibimiento de que se embargarán sus bienes hasta alcanzar esa cifra si no depositan esa cantidad.
En el auto, Lamela explica que, conforme al relato expuesto por el fiscal en su querella, los hechos investigados iban dirigidos a proclamar una República catalana independiente de España «en una conducta que va encaminada o dirigida a romper la organización territorial del Estado», por lo que puede encajar en una manera de atentar contra la forma actual de gobierno de España, y por tanto sería competencia de la Audiencia Nacional.
La juez concluye que del relato del fiscal se desprende que los querellados «urdieron una estrategia de la que habría de ser todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas (ANC y Òmnium) que llevaron a la celebración del referéndum ilegal el día 1 de octubre y a la declaración de independencia aprobada en el parlamento el pasado 27 de octubre».
Es más, según la jueza, los hechos sustentan la acusación de rebelión, sin perjuicio de que en el avance la investigación se opte por otros delitos más ajustados a los hechos, como sedición, desobediencia y prevaricación.
La magistrada procede a incorporar la querella a la causa donde ya investiga por sedición a los presidentes de ANC y Òmnium, teniendo en cuenta que los hechos hasta ahora investigados «se encuadran dentro de todo el proceso secesionista que se describe en el escrito de querella y que las personas investigadas en los mismos formaban parte de las estructuras básicas integradas en esa estrategia diseñada y ejecutada por los ahora querellados».
Mossos y un ejército catalán
En la querella presentada este lunes por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, justifica el delito de rebelión en que «l a declaración de independencia y la asunción en exclusiva del mando sobre los Mossos d’Esquadra supone implícitamente la potencial utilización de dicha fuerza armada contra quienes intenten hacer efectiva la vigencia de la Constitución Española en Cataluña».
Además, el fiscal cree que Puigdemont planeaba crear su propio ejército. Recoge también los episodios de violencia en las calles y los escraches a miembros de Policía Nacional y Guardia Civil «en sus lugares de descanso».
Esos hechos evidencia para la Fiscalía que los querellados no buscaban únicamente «el apoyo de los ciudadanos para llevar a cabo su proyecto independentista dentro de la legalidad constitucional, lo cual no sería objeto de reproche alguno», sino que hicieron llamamientos directos o indirectos, a través de las entidades soberanistas, a la movilización popular o ciudadana como «medio intimidatorio y violento para conseguir el fin secesionista».
Además de la rebelión, la Fiscalía acusa a los miembros del Govern de delitos de malversación de fondos públicos. Lo justifica en que en los presupuestos aprobados por el Parlament se destinaron varias partidas para gastos de «procesos electorales y consultas populares». Esas partidas ascendían a 6,2 millones de euros.
