«Esto es una Ley que lleva desde el año 2013, que afecta a todas las Administraciones Públicas y que, según comentarios de la FECAM, se ampliará el plazo. No obstante, este Ayuntamiento ya ha encargado un estudio sobre la accesibilidad». Con estas palabras respondió el alcalde del Ayuntamiento de Valle Gran Rey a la pregunta presentada por Sí se puede en el pasado pleno acerca de los planes tiene el grupo de gobierno para cumplir con esta disposición legal.
Para Sandra Ramos, portavoz de la formación asamblearia, “con esta respuesta queda claro el poco rigor con el que se trata el tema de la accesibilidad por parte del gobierno municipal”. Cabe destacar que la pregunta fue presentada en junio de este año y su respuesta entregada en octubre. “No es serio que un Ayuntamiento, cuyo edificio es inaccesible salvo en su primera planta a personas con movilidad reducida, responda de esta forma, cuando la ley marca como plazo máximo el 4 de diciembre de 2017 para garantizar que todo espacio y edificio público sea accesible”.
La portavoz explica que son pocas las edificaciones de titularidad municipal que cumplen con la Ley 8/2013, de 26 de junio de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. “No solo el Ayuntamiento, sino la Casa de la Cultura de La Calera, tienen plantas enteras inaccesibles para personas que utilicen sillas de ruedas. Tanto es así que una persona con movilidad reducida no puede asistir a un pleno o a una actividad que se desarrolle en el salón de actos de la Casa Cultural”.
“Pensemos que estas situaciones afectan, además de a personas que utilizan sillas de ruedas, a personas mayores, mujeres embarazadas o a personas con bebes que utilicen carros, entre otras, y son situaciones que hablan muy mal de nuestro ayuntamiento” abunda Ramos.
Del mismo modo se señala desde la asamblea local de Sí se puede existen otros equipamientos absolutamente inaccesibles. La portavoz pone otros ejemplos: “Los tanatorios de Arure o El Caidero o el cementerio de Las Manzanillas en Valle Gran Rey son absolutamente inaccesibles a personas en sillas de ruedas. Es tremendamente injusto que personas que han querido acompañar a sus familiares en trances tan dolorosos no hayan podido acceder o hayan tenido que ser transportados por vecinos”.
Para la formación ecosocialista, la dejadez que se ha demostrado para acometer las obras necesarias provoca que la corporación pueda ser denunciada por cualquier persona o colectivo que se vea afectado al cumplirse el plazo el próximo 4 de diciembre. “Seguro que el alcalde le echará parte de la culpa al antiguo equipo de gobierno por ser la ley de 2013, pero ya lleva dos años y medio de gobierno y en la legislatura anterior fue miembro de la oposición, y el interés que ha mostrado con la accesibilidad es, supuestamente, encargar un estudio” argumenta Ramos.
La portavoz señala: “Esperamos que ese estudio le aclare al alcalde y al gobierno municipal que Valle Gran Rey llega tarde al cumplimiento con la Ley de accesibilidad para personas con movilidad reducida, y que, además de los edificios y equipamientos públicos, tanto el Ayuntamiento como el Cabildo y el Gobierno de Canarias, trabajen en sus instalaciones o en las aceras del municipio, y que a las personas con movilidad reducida el municipio no se les muestre tan hostil como ahora”.
Para finalizar, Sandra Ramos recalca: “Esto solo es lo que afecta a la accesibilidad física, pero un ayuntamiento verdaderamente sensible estaría trabajando en la accesibilidad universal, que incluye además la accesibilidad sensorial y cognitiva, para dar cobertura y acceso a la administración a todas las personas”.
