Comisiones Obreras Canarias (CCOO) anunció ayer que ha denunciado recientemente ante la Inspección de Trabajo la «negligencia» del Gobierno de Canarias al incumplir la legislación vigente en sus propios centros de trabajo, no realizar la evaluación correspondiente y no disponer de un número adecuado de técnicos especialistas. El sindicato ya se había manifestado con anterioridad y «en numerosas reuniones» de los comités de prevención y a través de diversas comunicaciones por escrito a la Consejería de Educación y Universidades del Ejecutivo autonómico.
A pesar del «importante y necesario» trabajo que realizan actualmente los coordinadores de prevención de riesgos laborales en los centros educativos, Comisiones Obreras expone que «es evidente que necesitan urgentemente la guía de personal cualificado y profesional», al menos unos 15 en Canarias, para atender a los más de 25.000 trabajadores y 300.000 alumnos que frecuentan los más de 1.000 centros educativos con los que cuenta el sistema educativo público del Archipiélago.
Paradójicamente, la organización sindical apunta que la Administración educativa sí demanda, en cambio, «la estricta prevención a los centros privados de las islas, mostrando un evidente doble rasero» si se tiene en cuenta su conducta.
CCOO ha sido «muy crítica» con esta falta de previsión de recursos y de voluntad de cumplir con la normativa vigente, y no comparte la intención de obviar la figura del técnico especialista para realizar las funciones de evaluación de riesgos y posterior redacción del Plan de Prevención, descargando funciones y responsabilidades de forma inapropiada en la figura del «coordinador de prevención» y en los cargos directivos de los centros docentes, «que en su mayoría no tienen ni tienen por qué tener cualificación en esta área especializada».
Por todo ello, el sindicato pide que haya una evaluación de riesgos iniciales de los centros educativos, se presente el proyecto de Plan Sectorial de Prevención de Riesgos Laborales de Educación, una «adecuada» dotación de recursos humanos en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, con un mínimo de 15 técnicos especialistas, uno por zona de influencia de cada centro del profesorado (CEP).
Asimismo, solicita que se mantenga la periodicidad de las reuniones del Comité Sectorial de Seguridad y Salud como vía de participación y consulta entre la Administración y los delegados de Prevención.