El pleno del Congreso ha aprobado hoy, con el PP y Cs en contra, una moción del PSOE que pide al Gobierno que revise la regla de gasto de los ayuntamientos y que exima de su aplicación a los que tienen superávit o equilibrio presupuestario, un nivel de deuda inferior al 110 % de los recursos corrientes y un plazo medio de pago a proveedores de menos de 30 días.
Es el caso del Ayuntamiento de Madrid y otros ayuntamientos ‘del cambio’, como los de Zaragoza y La Coruña, donde el PP utiliza de «forma tramposa» la regla de gasto para intervenirlos y «tapar su propia gestión desastrosa», según la portavoz parlamentaria de Podemos, Irene Montero.
La moción, que el PSOE ha pactado con Unidos Podemos, ha salido adelante con 165 votos a favor (PSOE, Unidos Podemos, PDeCAT, ERC, Compromís, Bildu), 152 en contra (PP y Cs) y seis abstenciones (PNV).
El texto garantiza que los ayuntamientos saneados puedan invertir su superávit en servicios que consideren prioritarios para sus vecinos.
Insta también al Gobierno a suprimir las restricciones a la concertación de operaciones de endeudamiento de las entidades locales no incursas en los supuestos de la Ley de Estabilidad y a modificar la regulación de la tasa de reposición para que alcance el 150 % en los servicios de interés prioritario y del cien por cien en el resto de servicios municipales.
La iniciativa es similar a la ya acordada por el PSOE y Unidos Podemos hace unas semanas en la Comisión de Hacienda, aunque en esa ocasión Cs se abstuvo.
Los socialistas defienden que el Gobierno de Rajoy no puede seguir tratando a los ayuntamientos «como si fueran una administración de segunda división», mientras que el PP les acusa de querer volver a «políticas equivocadas de gasto público descontrolado».
El partido de Albert Rivera rechaza eximir de la regla -un 2,4% para 2018- a ninguna administración y defiende que las reglas de gasto son necesarias y que deben aplicarse a todas las administraciones por igual.
Para obligar al Gobierno a su cumplimiento, Unidos Podemos ha convertido la moción en una proposición de ley, que el Gobierno no ha conseguido vetar por llegar el veto cuatro minutos tarde el pasado día 28, lo que supone que en los próximos meses la aprobación de esta iniciativa sería vinculante para el Ejecutivo de Rajoy.
