El secretario general del PSOE Canarias, Ángel Víctor Torres, emplaza a las fuerzas políticas de la Cámara autonómica a aceptar las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2018 con el objetivo de acercar el contenido de esta ley a la realidad de las islas.
A su juicio, “es necesario aprovechar la oportunidad de contar con unas cuentas más expansivas y no ser conformistas, aspirando a una Canarias más cohesionada, más fuerte, más capaz, más igualitaria, más humana y más moderna”. Para ello, insistió, el PSOE presenta una batería de propuestas pensadas “por el bien de todo el archipiélago”.
Por su parte, el portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Iñaki Lavandera, explica que se trata de 150 enmiendas con las que “mejorar las cuentas presentadas por el Gobierno en minoría de CC con la complicidad previa y necesaria del PP y con el apoyo de ASG”. De ellas, 44 pretenden reorientar el destino de 172 millones de euros para destinarlos a acciones de marcado acento social: lucha contra la desigualdad, contra la exclusión social, para mejorar el empleo, para ofrecer oportunidades de acceder a una vivienda habitual, mejorar la sanidad o apostar por un salto cualitativo en nuestro sistema educativo, entre otras muchas cuestiones.
Señala que lo razonable sería que los casi mil millones de euros más del proyecto de ley respecto a las cuentas vigentes se destinasen a procurar la cohesión social a través de los servicios públicos, así como la redistribución de la riqueza en Canarias, a fomentar la cohesión territorial, a abandonar el clientelismo y el interés político o a defender un modelo de desarrollo sostenible.
Sobre esa base se han redactado las enmiendas presentadas por el PSOE, entre las que el diputado destaca las encaminadas a la articulación de un auténtico plan de lucha con la pobreza y la exclusión social en Canarias, “a la vista de la incapacidad del Gobierno de establecer prioridades”. Explica que se trata de un “plan sólido y estructurado que el tripartito CC-PP-ASG no ha querido aceptar, sin presentar alternativa alguna”.
Lavandera valora, asimismo, las enmiendas en materia de dependencia por valor de 14 millones “frente a los 10 millones con los que se conforma el tripartito y que no cubren las necesidades reales”. En educación, lamenta que no dediquen ni un solo euros a la Educación Infantil de cero a tres años, por lo que el PSOE plantea 10 millones en una enmienda económica y otra modificación al articulado. Destaca las enmiendas por valor de 3,2 millones para infraestructuras educativas y por 500.000 euros para tasas universitarias.
El PSOE presenta 16 enmiendas por 6,8 millones para hospitales y centros de salud, y también propuestas en materia de empleo, vivienda con la reorientación de 9,5 millones o accesibilidad con 3 millones para la creación de un fondo canario. Con ocho enmiendas por valor de 2,87 millones plantea la mejora de determinadas carreteras, varias enmiendas por 2,3 millones persiguen la mejora de puertos y una enmienda de 1,2 millones se plantea para parques nacionales.
Iñaki Lavandera traslada la preocupación del PSOE ante la “deriva” del Gobierno de CC en lo que respecta a la situación de los empleados públicos. “Con mil millones más de gasto, pensamos que la situación debería estar superada, pero ni el Ejecutivo de Clavijo ni quienes lo apoyan han mostrado voluntad alguna al respecto”, lamenta, y subraya que la voluntad del PSOE “es clara: levantar la suspensión general de acuerdos, manteniendo solo las previstas de manera expresa en el Presupuesto, y fijar un calendario de recuperación de derechos laborales con los sindicatos”.
Sobre política fiscal, el PSOE ha presentado diez enmiendas a la reforma fiscal que proponía el Gobierno con las que aportar mejoras técnicas a las que el tándem CC-PP-ASG también ha dicho que no. “Pretendemos corregir el beneficio fiscal de los padres de acogida cuando el proceso finaliza en adopción, para no perjudicar a los padres y madres con dos o más hijos, que es lo que hace la propuesta del Gobierno, reorientar parte de estos beneficios fiscales o ampliar los objetivos de la reforma fiscal para extenderla a un ámbito absolutamente prioritario desde el punto de vista social, que es intentar abaratar los costes de acceso a la vivienda”.