Cuando se construyó la autonomía de Canarias se forjó sobre la historia. Una historia que en las islas estuvo marcada por el pleito insular. Los artífices de la llegada a la democracia en las islas construyeron un delicado entramado de equilibrios que daban respuesta a todos esos temores con una serie de cautelas y salvaguardas.
El Parlamento canario es una cámara mixta que representa a los territorios y a las personas. De ahí que el peso de la representación de las islas, aún de las menos pobladas, sea el que es. De igual forma que en el sistema electoral español se representa territorialmente a las provincias, como circunscripción electoral, en Canarias se eligió la figura de la isla. El sistema español es bicameral —hay Congreso y Senado— pero el territorio está fuertemente representado incluso en la “cámara política”, el Congreso, donde existen cien escaños adscritos a las provincias españolas, más dos para Ceuta y Melilla.
La reforma que se plantea hoy en Canarias no supone crear una circunscripción regional, sino que se basa en establecer un nuevo contrato político, un subterfugio de “restos” en el que las islas con más población obtengan más peso político en el Parlamento. Y aunque pudiera parecer razonable se trata de una profunda injusticia y va contra la realidad misma de las Islas Canarias.
La única manera de conseguir una sociedad más justa y equilibrada es a través de la discriminación positiva a favor de los más débiles. Eso es justamente lo que hace el sistema electoral canario: otorga similares poderes legislativos a las islas menos habitadas en comparación con las que tienen el 86% de la población. Pero esto es así, porque los legisladores quisieron crear una comunidad donde todos los territorios tuvieran similares oportunidades y poderes a la hora de plantear medidas para el desarrollo de Canarias.
Esa fue la concesión al equilibrio. En todo lo demás, la Autonomía de Canarias se centró en un reparto de los poderes, las sedes y las instituciones y organismos de la nueva administración entre Tenerife y Gran Canaria. ¿Cuál ha sido el resultado de esa concentración? En los años ochenta, cuando se construye la autonomía, Tenerife tenía poco más de medio millón de habitantes y hoy tiene casi novecientos mil y Gran Canaria ha pasado de seiscientos treinta mil a ochocientos cuarenta mil. Al otro lado de la balanza están islas como La Palma, La Gomera y El Hierro. En La Palma la población, en estos treinta y pico años, apenas ha crecido en cuatro mil personas. Las mismas que en El Hierro y menos que La Gomera, donde sólo se ha crecido en dos mil personas.
Las únicas excepciones a este común denominador son las islas de Lanzarote y Fuerteventura, donde la población ha sufrido un “boom” a causa del fenómeno turístico, pasando de cincuenta a ciento cuarenta y siete mil personas en Lanzarote y de veintisiete mil a ciento diez mil en Fuerteventura. Tan es así que ha sido a causa del turismo, que en Fuerteventura existe menos censo electoral —ciudadanos con derecho a voto en las elecciones autonómicas— que en la isla de La Palma, a pesar de tener treinta mil residentes más.
Esta es la realidad poblacional, absolutamente desequilibrada y desquiciada, que se ha creado a lo largo de la autonomía. Y lo que persigue el “pacto político” que se ha puesto sobre la mesa por los grandes partidos es profundizar en ese modelo que otorga mayores poderes y fuerza a quien ya lo tiene casi todo.
Desde Agrupación Socialista Gomera hemos defendido la cordura de un sistema que favorece a los menos favorecidos y discrimina en positivo a los territorios más abandonados. Hemos denunciado que con actual sistema electoral las grandes islas no solo no se han visto perjudicadas, sino que han visto exponencialmente aumentado su desarrollo. Y que la única garantía que tienen los ciudadanos de las islas denominadas “menores” es que juntas tienen la misma representación en la asamblea de legisladores canarios. Pero nuestra voz no ha sido escuchada.
Los treinta diputados elegidos en las islas menores de la IX Legislatura del Parlamento de Canarias escribirán su nombre en los libros de historia votando en contra sus islas y a favor de los intereses electorales de los partidos políticos a los que pertenecen. Porque el propósito de los grandes partidos es romper el sistema de equilibrios de Canarias en su propio beneficio, dando más diputados a las grandes áreas urbanas en donde tienen mayor representación. Así se va a escribir la historia de Canarias en este nuevo siglo.
En la política de Canarias no va a pasar como en la canción de Los Sabandeños, dedicada a la lucha canaria: en este caso el grande ganó y el chico perdió. El Parlamento canario va a elevar el número de diputados a 70 para distribuirlos de acuerdo a un “pacto político” de los partidos de las dos grandes islas. Los mismos que se repartieron el poder institucional entre las dos capitales —la sede del Gobierno, del Parlamento, de las consejerías y el resto de la administración canaria- van a dar un golpe de Estatuto para acrecentar su poder y disminuir el de las restantes islas de Canarias, reducidas desde ahora en adelante a representar a las minorías en cuanto al número de representantes.
Esta no es una reforma de nuestra Autonomía, sino un arreglo político hecho a la medida de los grandes partidos en la sastrería del Parlamento. Una reforma que se hace con la traición de los diputados de las islas menores a los ciudadanos que les eligieron y con el argumento —falso de toda falsedad— de que se trata de corregir el desequilibrio de representación poblacional. Primero no es cierto, porque islas con más población tendrán los mismos diputados que otras con menos. Segundo, porque ni siquiera han tenido el valor de plantear una circunscripción electoral para toda Canarias. Y tercero, porque el sistema electoral español tiene también las mismas desproporciones y ninguno de estos grandes partidos se ha planteado cambiarlo, como si van a hacer en Canarias.
Que se rompan los equilibrios en Canarias es una mala noticia. Pero sobre todo, es una mala noticia para los más débiles. Si su destino hasta hoy a sido vivir a la sombra del centralismo político de las dos grandes islas, el futuro será mucho peor.
A quienes hemos dado la batalla por nuestras islas no capitalinas, a los pocos diputados que hemos levantado la voz clamando contra esta injusticia, nos quedará la honor de haber sido leales hasta el final con el voto de nuestra isla y nuestra gente; esos canarios que nunca han querido ser otra cosa que ciudadanos de una Canaria de iguales en derechos y oportunidades que, por lo visto, nunca veremos.
