Voces autorizadas de los empresarios -el presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, y el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Agustín Manrique de Lara- se pronunciaron ayer con rotundidad en contra de la propuesta de reforma electoral planteada por Nueva Canarias, el PSOE, el PP y Podemos. Ambos coincidieron al denunciar que esta reforma no reforma nada, que solo asegura la continuidad de los actuales repartos de diputados y las canonjías de los partidos políticos. Es obvio que comparto esa opinión: Sus Señorías han cuadrado su reforma tirando de calculadora, porque su prioridad es mantener en el futuro Parlamento ampliado a setenta miembros, al menos su actual número de diputados y sus ingresos, que se verían reducidos tras la apertura de los topes y la incorporación de nuevos partidos a la Cámara regional. La posibilidad de que esa incorporación se realice sin coste fue ayer despejada con claridad por Asier Antona, cuando dijo que es demagógico pretender que diez diputados más -entre un quince y un dieciséis por ciento más de diputados- no cuesten más dinero. Por supuesto que van a costar más: no solo por sus sueldos -medio millón de euros-, también por sus desplazamientos, hospedaje, servicios y -sobre todo- por la ampliación del Parlamento actual a diez diputados más, lo que implicará una obra muy considerable. Si en Podemos siguen manteniendo que solo apoyarán esta reforma si no supone un euro más de gasto, ya saben a qué atenerse.
Pero al margen del debate sobre la reforma chapucera y egoísta del sistema electoral que se han montado los partidos, es de agradecer que los empresarios de Canarias se posicionen sobre los asuntos que más preocupan a la ciudadanía, aunque su posición solo sea la opinión de alguno de sus directivos, y no acuerdos de sus órganos de gobierno o documentos aprobados por las ejecutivas. Hasta hace unos años era una práctica frecuente que las entidades más representantes del mundo empresarial -Cámaras, patronales, asociaciones?- se posicionaran públicamente -y lo hicieran de forma oficial- sobre todos los asuntos importantes que formaban parte del debate social.
De esa forma, entre 1977 y principios de este siglo, se produjeron pronunciamientos, propuestas y aportaciones -a veces diferenciadas en función del sector o del territorio representado- de los empresarios y los sindicatos sobre hechos como las sucesivas reformas del REF, las negociaciones con Europa, el debate universitario o energético, la inmigración o la superpoblación? Los empresarios, los sindicatos, los colegios profesionales, participaban del debate público -con luz y publicidad, defendiendo en los medios sus aportaciones-, y a veces tenían gran trascendencia.
Hoy lo que se estila es soplar en la oreja de políticos amigos, intentar influir en las leyes y reglamentos y ocuparse del «¿Qué hay de lo mío?». Es un retroceso en los hábitos democráticos y en las formas de ejercer la política, que en ocasiones impide saber por qué ocurren las cosas, o a qué intereses responden. Para evitar el oscurantismo de las decisiones vivimos empeñados en desarrollar normas para obligar a una mayor transparencia a las administraciones y sus contratas, y a veces se nos olvida el sentido común de prácticas tan simples como defender públicamente las ideas en las que creemos.
