Es difícil explicar los pagos de casi 700.000 euros a una empresa privada para que se mantenga en disposición de preparar el «catering» de un centro de atención a inmigrantes cerrado desde hace seis años. Aun así, el ministro de Interior intentó hacerlo, contestando a una oportuna y necesaria pregunta de la senadora grancanaria María José López Santana. López Santana, elegida en las candidaturas del PSOE, es militante de Nueva Canarias, pero su proceder parlamentario se diferencia muy mucho del de su renuente colega Pedro Quevedo: la senadora, muy activa en su trabajo, preguntó al ministro Juan Ignacio Zoido por el dinero que su departamento ha gastado en mantener la «provisión, elaboración y servicio diario de alimentos» del Centro de Inmigrantes de Fuerteventura, que permanece cerrado a cal y canto y sin uso alguno desde 2012. Con el desparpajo que le caracteriza, el ministro no solo ha reconocido sin sonrojo alguno ese gasto que apesta a malversación o desidia con el dinero de todos, sino que ha insistido en que es «absolutamente necesario», porque el Gobierno tiene que mantenerse en el «supuesto de que haya un repunte de la inmigración».
Pagar entre 180.000 y 160.000 euros por año solo para prever las necesidades de atención alimentaria ante una posible llegada de emigrantes al Centro de Fuerteventura es un verdadero escándalo. No creo que el ministro sea necesariamente un sinvergüenza que tolere comportamientos malversadores en su Ministerio. Creo que el ministro es más bien un zoquete que debe pensar que Fuerteventura es una isla en medio del Sahara, donde al último cocinero se lo comieron los legionarios. Debería saber el señor Zoido que cualquier hotel de los muchísimos que hay en Fuerteventura, incluso uno de medio pelo, es perfectamente capaz de resolver una urgencia de 30 o 40 huéspedes imprevistos sin que a su gerente se le caigan los anillos. Reabrir el centro de inmigrantes solo requiere tener la llave localizada, y que las facturas de agua y electricidad no se hayan dejado de abonar. Fuerteventura cuenta -solo con sus recursos públicos- con logística sobrada para responder a una emergencia de atención de recién llegados en apenas unas horas. Cualquier majorero lo sabe. Como sabe también cualquier majorero que mantener pagos de esta envergadura a una empresa -por otro lado vinculada al Ministerio por un jugoso contrato de atención a todos sus centros de inmigrantes- es, cuando menos, un dispendio absolutamente innecesario. Un dispendio que debería ser corregido ya, antes de tirar por el sumidero un solo euro más. Y de paso exigir que alguien nos proporcione una explicación sensata y creíble de por qué esta situación se ha mantenido desde hace tantos años, y se renovó en agosto pasado, cuando ya se había denunciado lo absurdo del dispendio. Las explicaciones del risueño Zoido en el Senado son un insulto a la inteligencia.