El Ministerio de Hacienda y Función Pública firmará este viernes con los principales sindicatos del área pública (CC.OO., UGT y CSIF) un acuerdo que contempla un incremento retributivo en los tres próximos años para los empleados públicos de entre el 5,25% y el 8%, pudiendo llegar en algunos casos a superar el 8% e incluso acercarse al 9%.
El acuerdo también conllevará la creación de empleo neto con aumento de las tasas de reposición y la recuperación de la negociación colectiva en el ámbito de las administraciones públicas, con la posibilidad de retomar las jornadas de 35 horas semanales.
Hacienda celebrará una nueva reunión con los sindicatos este viernes a las 9 de la mañana y está previsto que se suscriba un acuerdo global en materia de salarios, empleo y negociación colectiva este mismo viernes, según han informado a Europa Press en fuentes sindicales.
En la práctica, el salario de los funcionarios podría subir un máximo del 2% este año, un 2,5% en 2019 y un 2,75% en 2019, si bien estas cifras serán superiores con la última oferta de Hacienda ofrecida en la reunión del miércoles, que terminará de concretarse en la reunión de este viernes.
No obstante, el Gobierno ha aceptado acceder a incorporar fondos adicionales equivalentes a un porcentaje aún por determinar de toda la masa salarial que podrían usar las distintas administraciones, lo que permitirá incorporar la equiparación salarial en determinadas administraciones y supondrá un aumento de los sueldos que en algunos casos superará el 8% en el trienio y otros incluso un porcentaje próximo al 9%, según han precisado a Europa Press en fuentes sindicales.
A falta de fijar las cifras definitivas, desde los sindicatos valoran que el aumento salarial del próximo trienio permitirá recuperar poder adquisitivo, que UGT y CC.OO. cifran en torno a un 13% desde el año 2010 y CSIF en un 20%.
Empleo
Respecto al empleo, las partes dan prácticamente por cerrado el acuerdo que contempla aumentar las tasas de reposición en los sectores prioritarios y no prioritarios, consensuadas en un 100% y en un 75%, respectivamente, hasta poder superar el 100% en sectores prioritarios, y en algunos de ellos, incluso llegar al 115%, como en el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En la reunión del lunes ya se acordó, según informaron fuentes sindicales, que la tasa de reposición se sitúe por encima del 100% en el caso de la policía local.
Así, el acuerdo supone reforzar el suscrito en marzo del año pasado, con lo que se universalizará el proceso de estabilización y permitirá rebajar la temporalidad en el ámbito de las administraciones públicas al 8% en el periodo 2018-2020, así como la creación de nuevo empleo público.
Según los sindicatos, este acuerdo en materia de empleo va a permitir empezar a recuperar el empleo perdido, no sólo en los servicios prioritarios, sino en el conjunto de las administraciones y sectores públicos, con la creación de nuevo empleo público.
De igual forma, el acuerdo contempla varias mejoras en materia de jornada laboral para favorecer la conciliación laboral. El colectivo de 2,5 millones de empleados de las administraciones podrá disponer de una bolsa de horas de libre disposición acumulables para favorecer la conciliación familiar y laboral, para el cuidado y atención de mayores, discapacitados e hijos menores de edad, según ha informado CSIF en una nota.
En detalle, el acuerdo contemplará que las administraciones públicas regulen una bolsa de horas, equivalentes hasta un 5% de la jornada anual, que serán recuperables en el periodo de tiempo que se determine. De esta forma, un empleado público podría llegar media hora tarde a trabajar para llevar a su hijo a la guardería sin que se le penalice y posteriormente recuperar este tiempo, según pone como ejemplo CSIF con base a una sentencia resuelta.
Jornada de 35 horas
Otro de los puntos principales del acuerdo será la posibilidad de establecer la jornada de 35 horas (18 horas lectivas en la Educación) en aquellos ámbitos donde se acuerde entre sindicatos y la Administración.
La jornada de 35 horas se prohibió de manera expresa en 2012, a través del decreto sobre la función pública y ha sido objeto de recursos por parte del Estado contra comunidades autónomas que las autorizaron, como Andalucía o Castilla-La Mancha.
Una vez que se formalice el acuerdo entre Gobierno y sindicatos, cada administración pública podrá establecer a través de la negociación colectiva esta jornada, eso sí, siempre y cuando en el ejercicio presupuestario anterior se hubieran cumplido los objetivos en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera del déficit público, deuda pública y regla de gasto.
Además, el acuerdo incluirá la eliminación de descuentos en los salarios por baja médica, de forma que las CCAA podrán negociar una lista de enfermedades con los sindicatos para que no se produzcan descuentos en los salarios.