La diputada del PSOE Patricia Hernández denunció este jueves que la “querencia” del presidente Clavijo por la sanidad privada “llevará a pagar, de los impuestos de la ciudadanía canaria, un 50 por ciento más en conciertos de larga estancia con centros privados y un 6 por ciento en los de corta estancia”.
En comisión parlamentaria, formuló al consejero del área, José Manuel Baltar, un bloque de preguntas pendientes de respuesta, “como ya es costumbre en este Gobierno”, con las que solicitaba información sobre la actividad en la sanidad pública y de gestión pública, la actividad de derivación a la concertada y las operaciones de cambio de sexo, “después de habernos quedado sin hospital de referencia para esas intervenciones”.
Hernández explicó que no se ha incrementado la actividad de gestión pública pero sí las derivaciones a la concertada, a la vista del incremento respecto a años anteriores. Indicó que algunos de los concursos de hospitalización eran preconstitucionales y, pese a que en marzo de 2017 –hace un año- estaba previsto que saliese la convocatoria pública para someterse a la ley de contratos públicos, nos fue hasta misma semana cuando se ha publicado esa información.
“Hemos tenido conocimiento de ello a través del perfil del contratante, donde hemos podido ver que ha subido el precio un 50 por ciento para larga estancia: pagarán un 50 por ciento más a sus amigos de la privada y un 4 por ciento a la corta estancia, es decir, 220 millones en tres años para conciertos”, insistió la diputada.
Patricia Hernández dijo sospechar que esta decisión “estaba en las ya conocidas querencias de Clavijo por la privada”. “Por eso le puso a usted”, dijo al consejero Baltar, y le preguntó si “cuando hacía oposición a los que apostamos por la sanidad pública defendiendo a la privada para la que él trabajaba”, aquellas declaraciones en las que afirmaba que arreglaría las listas de espera con 16 millones “fueron también ‘sopladas’ por el presidente”.
OBSTÁCULOS DE CC A LA TRANSPARENCIA
La diputada del PSOE explicó que las preguntas planteadas en la comisión de hoy habían sido registradas en noviembre pasado y, pese a no publicarse hasta enero, el Gobierno sí disponía de ellas desde el momento del registro. “Si la Consejería hace uso de su derecho a responder en el plazo que marca el reglamento, yo hago uso de mi derecho de formular aquí esas preguntas si no se cumple el plazo”, dijo.
Subrayó que prácticamente todas las preguntas presentadas podían ser contestadas mediante datos de los que ya dispone la Consejería “y que solo había que imprimirlos”. Así, remarcó que esta nueva falta de respuesta del Gobierno del CC en enmarca en la “reiterada falta de información a la ciudadanía y a los grupos de la Cámara, obstaculizando así la labor de análisis y oposición”.
