Como una bola de nieve que va haciéndose cada vez mayor, las movilizaciones de los pensionistas españoles por unas prestaciones dignas han pasado de unas esporádicas concentraciones en espacios públicos a manifestaciones multitudinarias. El colectivo vivirá hoy un nuevo día de lucha con marchas en decenas de ciudades, entre ellas las del Archipiélago, una región donde las reivindicaciones de los pensionistas cobran un sentido especial, puesto que cuatro de cada diez cobran cantidades que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza, establecido en 8.200 euros al año.
El dato fue aportado ayer por la asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que cifran en tres millones las pensiones que en España quedan por debajo de ese límite. Canarias es la región -tras la ciudad autónoma de Melilla- en la que la proporción es mayor, algo más del 40%. En las Islas, según Gestha, hay 152.000 pensionistas en esta situación.
Los técnicos de Hacienda calculan que un 32,6 % del total de pensionistas en España perciben prestaciones económicas por debajo de esos 8.200 euros anuales, un porcentaje que varía mucho entre regiones. Aragón y Madrid, con alrededor de un 26%, son las comunidades con los valores más bajos.
En términos absolutos, el mayor número de pensionistas por debajo del umbral de pobreza se da en Andalucía (651.617) y Cataluña (521.763).
Más de un centenar de manifestaciones recorrerán hoy toda España para exigir pensiones dignas y su revalorización conforme a la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC).
Las movilizaciones están convocadas por diversas organizaciones y colectivos sociales. En el caso de San Sebastián de La Gomera, la marcha partirá a las 11:00 horas de la plaza de Las Américas.
En España hay 8,7 millones de pensionistas que cobran 9,5 millones de pensiones, cuyo importe medio es de 932,3 euros mensuales (856,9 en Canarias), de acuerdo con los últimos datos publicados por la Seguridad Social que corresponden a la nómina de febrero.
En paralelo a las protestas del colectivo para que sus retribuciones se eleven de acuerdo a la inflación -y no el 0,25%, como ocurre ahora- se desarrolla el debate, en el seno del Pacto de Toledo, sobre la sostenibilidad futura de estas prestaciones, complicada, entre otras razones, por el envejecimiento demográfico.
CCOO prevé que el movimiento irá a más
El secretario confederal de CCOO, Unai Sordo, lamentó ayer que «España crece económicamente sin una distribución social», lo que provocará «una creciente reacción en clave de movilización» de capas y sectores cada vez más amplios de la sociedad y cree que «se recrudecerán» en el futuro. En declaraciones recogidas por Efe, Sordo incidió en que la capacidad de distribuir la riqueza a través de los salarios y de las cotizaciones sociales en España es «absolutamente decisiva» para que mejore la situación de las pensiones en el futuro. Según sus datos, España crece de forma importante a nivel macroeconómico desde 2014, después de superar una larga crisis económica, social y política, en la que se produjo «un empobrecimiento generalizado del país y un incremento muy importante de las desigualdades». Durante la crisis, los salarios españoles cayeron de media un 7,6%, pero los más bajos se desplomaron el 22% y la brecha salarial actualmente está situada en el 30%. El dirigente vaticinó que todas las movilizaciones sociales se van a «recrudecer».
Más de una decena de organizaciones que representan a más de 6.000 asociaciones de personas mayores de toda España exigieron ayer un pacto de Estado para garantizar un sistema de pensiones dignas para el presente de los jubilados y el futuro de sus «hijos y nietos».
Lo hicieron, informa Europa Press, a través de un manifiesto en el que hacen un llamamiento a secundar las movilizaciones que están previstas hoy en varias ciudades españolas y «cuantas sean necesarias hasta alcanzar los objetivos señalados».
Objetivos como el de garantizar la revalorización real de estas prestaciones referenciándolas al IPC, «proveyendo los recursos necesarios para la sostenibilidad del sistema y la suficiencia» de las pensiones, lo cual implica la sustitución del Índice de Revalorización de Pensiones por una fórmula que asegure el mantenimiento del poder adquisitivo.
La organizaciones creen imprescindible el incremento de las pensiones mínimas y las no contributivas y el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) «hasta alcanzar cuantías suficientes y adecuadas en cada caso», con el objetivo de garantizar un «nivel de vida digno».
