Sí se puede se pregunta si unas presas capaces de almacenar unos 800.000 metros cúbicos, que además son complementadas con pozos públicos, no pueden permitir el suministro de agua de riego durante más de un ciclo agrícola, máxime cuando el mapa de cultivos del municipio contabiliza tan solo 123,8 hectáreas, en buena parte dedicadas al abastecimiento familiar y no a la producción comercial.
Para la formación ecosocialista la explicación del rápido agotamiento del agua de las presas se encuentra en la mala gestión del recurso. Éste es también el parecer recogido entre los agricultores, especialmente entre los del área de La Lomada, quienes se quejan de que la falta de control genera cuantiosas pérdidas de agua.
Incluso el propio Cabildo, ya en 2013 reconoce el grave problema del despilfarro, por lo que aprueba y asume el Reglamento de uso y distribución del agua de riego propiedad del Cabildo, que a todas luces no ha sido capaz de poner en práctica, viéndose obligado, en estos últimos meses, a encomendar a TRAGSA la distribución del agua. Resulta sorprendente que, en la justificación de dicha encomienda, el Consejo Insular de Aguas reconozca, ahora, después cinco años, que no cuenta con personal suficiente para realizar ese trabajo. Dicho organismo cuenta, según datos de 2016, únicamente con cuatro auxiliares de mantenimiento y un vigilante de obras y cauces, por lo que, si los recursos humanos eran insuficientes, hubo tiempo para reforzar la plantilla. Todo ello es, para la formación de izquierdas, un ejemplo más de la mala gestión instalada en la máxima institución insular.
Desde Sí se puede se insta al Cabildo Insular o a la empresa pública contratada en su defecto, a hacer efectivo el mencionado Reglamento adoptando distintas medidas, incluyendo la contratación de los canaleros adicionales precisos, y asegurando el cumplimiento de sus funciones: el control sobre el terreno, la apertura y cierre de las llaves, la organización del riego y la resolución de incidencias, facilitando el agua a cada agricultor según las necesidades convenidas.
Preocupa igualmente la correcta aplicación de la Directiva Marco del Agua, que exige la recuperación del coste de los servicios del agua, incluidos los medioambientales, de modo que el precio es un elemento que incentiva el uso eficiente. Que el agua que el Cabildo distribuye en San Sebastián se mantuviera hasta hace poco como único lugar donde no se pagaba el agua es un ejemplo de las políticas que piensan más en el peso del voto que en la equidad y en lo que realmente conviene a la isla. Al final, el Cabildo, por imperativo legal, en 2016, calculó un precio de 4 céntimos el metro cúbico, que la Audiencia de Cuentas ha tenido que corregir hace unos meses, estableciéndolo en 12 céntimos.
Para la formación ecosocialista, los dos últimos años de sequía obligan a aceptar nuestra nueva realidad. Frente al hecho climático, la única solución pasa por mejorar la gestión del agua, trabajando en profundidad en la mejora del sector agrícola, sus redes de suministro, en la protección y restauración del medio ambiente, incluyendo la depuración ecológica, la reutilización de las aguas, el uso de energías limpias en las estaciones de bombeo, y, urgentemente en las redes de abastecimiento urbano, entre otras medidas.