El debate de la nacionalidad de este año ha evidenciado una vez más que la única oposición al Gobierno de Fernando Clavijo es Podemos, como él mismo lo reconocía en el debate. Con todos los demás partidos manifestó muchas coincidencias.
Este Gobierno en minoría, apoyado antes por el PSOE, ahora por el PP y siempre por Casimiro Curbelo, pretende hacernos creer que acaba de llegar a la política, cuando lleva casi tres décadas dirigiendo los destinos de Canarias.
Por tanto, cuando hablamos de que uno de cada dos canarios se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, alguna responsabilidad tendrá este Gobierno de Coalición Canaria.
En este asunto nos diferencia claramente que desde Podemos apostamos por una renta mínima garantizada, que permita a las familias más desfavorecidas alcanzar mayores cotas de dignidad. Mientras, el Gobierno de Clavijo sigue apostando por el piche y el cemento y por beneficiar a las grandes fortunas.
En tres años de legislatura, el Gobierno ha traído a esta Cámara una sola ley, precisamente la del suelo, para convertir Canarias en un inmenso solar, para la depredación y los negocios inmobiliarios. Por el contrario, Podemos ha presentado siete leyes para beneficiar a la mayoría social. Leyes que la mayoría conservadora del Parlamento ha rechazado.
En fechas próximas, con tres años de retraso, pues el Gobierno no lo consideró prioritario antes que la Ley del Suelo, abordaremos la Ley de Servicios Sociales de Canarias. Mientras desde los poderes públicos apenas se ofertan plazas públicas para la dependencia, esta Ley pretende profundizar en las desigualdades dejando en manos privadas o concertadas con dinero público la gestión de la dependencia.
La derecha conservadora (sea el PP, sea CC) se ha caracterizado por debilitar lo público y fortalecer los negocios privados de sanidad, educación y dependencia desviando dinero público en ingentes cantidades hacia los bolsillos de un sector del empresariado que vive de las subvenciones con empresas de riesgo cero.
Lo contrario de lo que ocurre a la mayoría de nuestro tejido empresarial, compuesto por pequeñas y medianas empresas de las que el Gobierno apenas se preocupa.
En islas como la de Tenerife es más que evidente esta práctica, pues después de tres décadas siguen los problemas de la sanidad para que funcionen los hospitales en el sur y el norte de la isla, porque hay oferta privada.
Uno de los exponentes más altos de connivencia político-empresarial, de obscenas relaciones entre representantes públicos que benefician los negocios del empresariado más poderoso, lo estamos viviendo actualmente por capítulos en asuntos como la regasificadora y la colocación de 2.900 kilómetros de tuberías para seguir en la Edad del Fuego, quemando combustibles fósiles para producir calor o electricidad con petrogás, como nos gusta llamarlo.
Los tribunales de Madrid y de Canarias están dejando en evidencia las chapuzas administrativas de este Gobierno, para intentar beneficiar a las eléctricas y las gasísticas, para beneficiar a Redexis-Goldman Sachs y seguir saqueando los bolsillos de la población canaria, descapitalizándonos.
Desde Podemos seguimos haciendo frente a este Gobierno y apostamos por las energías renovables, eólica, fotovoltaica, maremomotriz, geotermia; pero de manera especial por un nuevo modelo energético, en el que la propiedad de la producción de la energía se democratice ¿Por qué se van a apropiar las multinacionales del sol, del mar, del viento o de los volcanes?
Pretendemos descentralizar la producción de la energía, donde desde cada familia se pueda producir energía y autoabastecerse en gran parte. Y nos vamos a seguir oponiendo a las regasificadoras y al gas.
En definitiva, dos modelos contrapuestos, un Gobierno que piensa en el beneficio de unos pocos, en el deterioro medioambiental y en el desmantelamiento del Estado del Bienestar, y enfrente, Podemos que está en las instituciones defendiendo a la mayoría social, defendiendo el territorio como un bien preciado y luchando en las calles y en las instituciones por las pensiones, la igualdad entre mujeres y hombres, los servicios públicos de sanidad, dependencia y educación, que, en definitiva, son nuestros derechos.