Cristina Valido y el presidente de la Fecam, Manuel Ramón Plasencia./eldia.es

La firma del Protocolo de actuación entre el Gobierno de Canarias y la Fecam permitirá el reparto de este crédito entre los 88 municipios canarios. La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, y el presidente de la Fecam, Manuel Ramón Plasencia, han firmado hoy un protocolo de actuación el que se dotará a los municipios canarios de un crédito adicional de 7.600.000 euros correspondientes a tres líneas de trabajo, en el ámbito de los servicios sociales comunitarios.

La primera línea provista de 5.000.000 euros supondrá la mejora de los servicios sociales comunitarios implementando proyectos innovadores destinados a la mejora de la calidad de vida de los sectores mas desfavorecidos de la comunidad y la creación de nuevos empleos en los servicios sociales comunitarios, con el fin de superar los estándares de calidad actuales.

La segunda, que cuenta con 2.000.000 euros, tiene como objetivo reforzar actividades destinadas a sufragar gastos específicos de carácter extraordinario, urgencias sociales o situaciones de emergencia social. Concretamente, los tipos de gastos serán: gastos imprescindibles para el uso de la vivienda habitual como es el pago del agua, la luz o emergencia en el pago de alquileres o para evitar desahucios; gastos destinados a cubrir necesidades básicas individuales o unidades familiares como puede ser la alimentación o la compra de medicamentos; gastos excepcionales en los que concurran circunstancias de grave o urgente necesidad social y que se consideren de interés para la atención de personas con importante problemática y también los desplazamientos, siempre que se justifique la necesidad de transporte para recibir un tratamiento medico urgente o para la realización de acciones que mejoren la ocupabilidad de las personas desempleadas.

Por último, el tercer eje está dotado con 600.000 euros para cooperar con los municipios en paliar en las situaciones de extrema necesidad de aquellas personas a las que les ha afectado singularmente la crisis económica a fin de que puedan afrontar tal situación de forma eficaz , proporcionando una respuesta inmediata, lo que les convierte en uno de los instrumentos fundamentales de respuesta a las situaciones de emergencia social.

La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, explico en la rueda de prensa la necesidad de dotar adecuadamente a los servicios sociales municipales que son la puerta de entrada y la administración más cercana a la ciudadanía, «el Gobierno de Canarias ha repetido hasta la saciedad, que reforzar los municipios y los servicios sociales de los municipios tiene que ser una prioridad, que la ciudadanía tiene que poder resolver sus problemas en la administración más cercana, y que para eso tenemos que dotar a nuestros ayuntamientos de las herramientas necesarias, tanto en recursos económicos para prestaciones, como para personal que atienda a los vecinos y vecinas de cada una de las localidades de canarias». «Ese es el camino que hemos iniciado»- continuó Valido- «se trata de una apuesta firme de este Gobierno y por ahí vamos a seguir trabajando con la Fecam con el objetivo de ir incrementando todas las partidas que hagan que los servicios sociales tengan una capacidad de resolución importante y que la ciudadanía no tenga que acudir a otras administraciones para algo que se puede gestionar en la más cercana».

Manuel Ramón Plasencia, por su parte, afirmó que estos convenios son de gran ayuda para potenciar los recursos destinados a los servicios sociales municipales y agradeció «el esfuerzo que está haciendo el Gobierno en dotar de recursos a los municipios y que a partir de ahora lo que se trata es de que los ayuntamientos sean más ágiles y que los recursos lleguen cuanto antes a las personas más necesitadas»

Estos 7.600.000 euros son adicionales y se suman a lo que ya el Gobierno de Canarias y el Estado aportaron tanto en el ámbito de las prestaciones básicas como en inclusión social y lucha contra la pobreza que ascendió a casi 14 millones de euros, concretamente, 13.928714, 21, por parte del ejecutivo autónomo y a 2.482.500 por el Estado.