POR SALVADOR GARCÍA LLANOS.- Las pensiones preocupan. Lo expresan los españoles en la última entrega del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), cuyo trabajo de campo fue llevado a cabo entre el 1 y el 13 de marzo pasados. Esa preocupación alcanza el nivel más alto de los últimos treinta años: se sitúa en el quinto puesto del listado de problemas, ascendiendo desde el noveno, después de que hasta un 15,5 % de los encuestados se manifestara en esos términos.
En sentido inverso está la inquietud de la ciudadanía por la independencia de Catalunya, que sigue descendiendo. Es el nivel más bajo desde el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre: un 8,6 % frente al 11,3 % del mes de marzo.
Ese estado de opinión se corresponde con los últimos acontecimientos: protestas masivas, clamorosas reivindicaciones de mejora, debates parlamentarios y mediáticos, mensajes tranquilizadores y escépticos a la vez hasta que la solución parece depender ya de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado -con un incremento del 2 % pactado para las mínimas y de viudedad entre el Partido Popular y Ciudadanos-, cuando no de la propia marcha de productividad económica del país.
Según los últimos datos publicados por el ministerio de Empleo y Seguridad Social, el gasto en pensiones durante el mes de marzo superó los ocho mil novecientos cuarenta y seis millones de euros, lo que significa un 3,02 % más que en el mismo período de 2017. La pensión media de jubilación se situó en mil setenta y nueve con dieciséis euros, un 1,94 % más que en marzo del año pasado. La pensión media del sistema que, además de la de jubilación, incluye las de viudedad, incapacidad permanente, orfandad y a favor de familiares, alcanzó los novecientos treinta y tres euros, con treinta y siete, un aumento del 1,85 % respecto a marzo del pasado año.
El caso es que los fantasmas de la posible insostenibilidad de las pensiones y de la insuficiencia futura, independientemente de los horizontes temporales, siguen vagando en amplio sectores de la sociedad. El catedrático de Economía de la Universidad del País Vasco, Felipe Serrano, ha afirmado que el sistema necesita más recursos financieros pero advierte que no es partidario de crear o aplicar un nuevo impuesto. Sugiere una solución que consistiría en desplazar a los Presupuestos Generales del Estado algunas prestaciones del sistema, como las de viudedad por ejemplo, modificando su naturaleza a prestación no contributiva. Según su criterio, ello elevaría transitoriamente “las necesidades de financiación del sector público, que debería financiar con un aumento de las aportaciones de los trabajadores mediante una subida de sus cotizaciones, inferiores a la media europea”.
Los fantasmas continúan vagando, de ahí que la preocupación se incremente y se justifique.