La diputada del PSOE Patricia Hernández ha acusado hoy en el pleno del Parlamento al consejero de Sanidad canario, José Manuel Baltar, de utilizar su cargo para beneficiar a las empresas sanitarias privadas, en particular a la clínica San Roque, de la que él procede y a la que planea volver «al día siguiente de dejar el cargo», según la parlamentaria.
Ante estas acusaciones, el consejero reivindicó su comportamiento ético y legal al frente del departamento: «He trabajado con la misma honestidad en el entorno privado que en el entorno público, sugerir otras cosas no son propias de este ámbito», dijo en referencia al Parlamento.
La acusación de la diputada ha sido formulada con ocasión de una comparecencia en el Parlamento regional sobre los acuerdos para la contratación de servicios asistenciales a pacientes derivados del Servicio Canario de la Salud.
Pero el consejero replicó que por su procedencia profesional de la empresa privada, y por razones éticas, se ha abstenido de intervenir en los expedientes del concurso, que han sido realizados por los técnicos de la Consejería.
«Me abstengo de intervenir en esos expedientes, pero asumo todos los trabajos de los equipos técnicos que realizan los pliegos», dijo Baltar, quien aseguró que no ha intervenido en la convocatoria de un concurso en el que puede participar la empresa de la que procede.
El concurso incluye la hospitalización de media y larga estancia en centros privados de pacientes del Servicio Canario de la Salud y el incremento de precios ha sido calculado por los técnicos debido a que se han «cuadruplicado» las exigencias a las clínicas, en cuestiones como pruebas diagnosticas, tratamientos y rehabilitación.
«Yo no he firmado las condiciones; no me he inmiscuido», pero «asumo la responsabilidad del trabajo de los técnicos y avalaré el resultado de la mesa de adjudicación», insistió.
Patricia Hernández reprochó al consejero que aceptara su nombramiento para un cargo para el que era incompatible. y aseguró que en su año y medio de desempeño «no ha parado de beneficiar» a su empresa de procedencia.
Además, afirmó que ahora el Gobierno pretende rebajar las incompatibilidades para que no tenga que esperar dos años para regresar a su empresa privada cuando deje el cargo, sino que pueda hacerlo «al día siguiente».
La diputada del PSOE aseveró que en 2017 «se han multiplicado» las intervenciones quirúrgicas en las clínicas privadas financiadas con dinero público y la mitad de ellas se han realizado en la empresa privada de procedencia del consejero.
«Si usted es incompatible no tendría que haber accedido al cargo», dijo Patricia Hernández al consejero, y añadió que no le cree cuando dice que no interviene en las condiciones de un concurso en el que se suben los precios entre un 60% y un 100% y se asignan 400 camas a Gran Canaria y 27 a Tenerife para acomodarse a «los intereses empresariales de la oferta», no a los de los ciudadanos.
«Ha sacado un concurso pensando en las necesidades de los concursantes más que en los de la sanidad publica», dijo Hernández a Baltar, y acusó al consejero de modificar las condiciones de la prestación del servicio para que los pacientes en las clínicas privadas puedan seguir siendo ubicados en habitaciones de cuatro camas y sin climatización.
Así ha hecho caso a «la amnistía» que le habían pedido las empresas privadas para no verse obligadas a ubicar a los pacientes en habitaciones de dos camas como ocurre en la pública.
«Dice que se abstiene en la convocatoria del concierto», que fue firmado por el consejero de Agricultura, Narvay Quintero, pero a continuación cambia la homologación de las estancias y les da un plazo de dos años para que tengan a cuatro personas por habitación y sin aire acondicionado, denunció.
«No me creo que se haya abstenido en el proceso porque no haya firmado el pliego» cuando sí se considera compatible para modificar las condiciones de la prestación del servicio, insistió.
El diputado del PP Zacarías Gómez, aunque reivindicó que el talento de los trabajadores del sector privado pueda ser utilizado en el servicio público, pidió al consejero que presente un informe jurídico para aclarar cualquier duda sobre conflicto de intereses e incompatibilidad, porque hay «una delgada línea» que separa sus funciones.
Juan Márquez, de Podemos, se mostró convencido de que la función de Baltar en el Gobierno es «privatizar la sanidad» mediante la degradación del servicio público, en lugar de apostar por las infraestructuras públicas, al tiempo que lamentó que el PSOE mantenga discursos como el de Hernández solo cuando está en la oposición, ya que «si en 2019 les salen las cuentas» los socialistas «volverán al redil» de Coalición Canaria.
Román Rodríguez, de Nueva Canarias, defendió la concertación con centros privados para prestar los servicios sanitarios, aunque mostró que en este concurso puede haber dudas sobre los precios y la distribución de los recursos.
La diputada de ASG Melodie Mendoza dijo que su partido está a favor de los conciertos sanitarios, pero históricamente las exigencias a la sanidad concertada para la prestación de los servicios ha sido muy leve y en este caso continúa igual.
Guadalupe González Taño, de CC, indicó que el consejero está en el Gobierno para «poner su talento al servicio de todos los canarios» y acusó a la diputada socialista de «hacer demagogia» a costa de la sanidad por «envidia política» a causa de «la buena gestión».
