El consejero de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez, se reunirá mañana en Bruselas con representantes del sector de la aviación en la Dirección General de Transportes para que se declare una Obligación de Servicio Público (OSP) abierta entre Canarias y la Península.
Pablo Rodríguez, que también es el vicepresidente del Ejecutivo regional, realizó este anuncio en una comisión parlamentaria en la que informó de las medidas para abaratar el transporte aéreo Canarias-Península, y en la que recordó que la propuesta de bonificar el 75 por ciento no está incluida en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018.
El consejero se congratuló de que haya acuerdo entre los grupos parlamentarios respecto a la necesidad de fijar este descuento en el Régimen Económico y Fiscal (REF), pero se mostró contrario a la propuesta de Podemos de que se fije un precio límite en el billete para acceder a la bonificación, que a su juicio implica excluir a determinados usuarios de este derecho.
El diputado del grupo Nacionalista Canario David Cabrera, que solicitó la comparecencia, afirmó que hay una absoluta justificación para pedir esta bonificación, que además debe «anclarse» para que no se convierta en una reivindicación cíclica, periódica y anual de todos los canarios según la necesidad de apoyos del Gobierno central.
David Cabrera también indicó que se deben buscar fórmulas para «hacer entender» al Ministerio de Fomento que los familiares de canarios en la Península, y que por lo tanto no son residentes, también tienen derecho a acceder a precios razonables a billetes de avión.
Por el grupo Popular Miguel Jorge advirtió de que Europa no considera a Canarias «el centro del mundo» y por lo tanto las islas deben adaptarse a la normativa europea que prima la libertad y la competencia, y que lograría un transporte competitivo, con mayores frecuencias y mejores precios.
También ironizó Miguel Jorge con el hecho de que algunos grupos «ponen en solfa» los PGE en las Cortes para luego en Canarias reclamar que se activen sus medidas, y pidió además «prudencia» porque «a lo mejor» a Canarias no le conviene una estrategia común con Baleares para conseguir el descuento del 75 por ciento, ya que el otro archipiélago no tiene un REF.
Patricia Hernández, por el grupo Socialista, recordó al diputado popular que en el proyecto de PGE no está prevista la subvención al transporte y pidió que el descuento repercuta en los ciudadanos y no en los precios de los billetes, además de expresar su apoyo a pedir a la UE que declare una OSP entre Canarias y la Península.
Natividad Arnáiz, de Podemos, aludió a la insostenibilidad del modelo de transporte actual por su consumo de petróleo, gas y carbón, y consideró «fundamental» que se retiren de la subvención los billetes de primera clase o ejecutiva, de forma que sus usuarios «no viajen a costa del dinero de todos».
Puso como ejemplo los casos del transporte en Cerdeña, donde los ciudadanos viajan prácticamente todo el año por unos 50 euros, y los archipiélagos de Madeira y Azores, donde el descuento se paga al usuario, no a las empresas.
Esther González, de Nueva Canarias, insistió en la petición de que se declare el servicio público con Europa y recordó al popular Miguel Jorge que, según la sentencia «Mayotte», no son las regiones ultraperiféricas las que deben adaptarse a la legislación comunitaria, sino al revés.
Además señaló que la bonificación al transporte no es una ayuda social sino un derecho de los canarios por vivir en una región ultraperiférica «tengan el nivel económico que tengan».
Jesús Ramos, de la Agrupación Socialista Gomera, coincidió en que el descuento al transporte debe estar «fijado» para no estar a expensas de aprobar año tras año los PGE, además de conseguir la misma bonificación para el transporte marítimo, que es la asignatura pendiente.
El consejero de Transportes indicó que, según un estudio de 2017, el coste por kilómetro de las OSP en Europa es mayor que el actual entre Canarias y la Península, e indicó que aunque se estima que más del 45 por ciento de los 7 millones de pasajeros viajan entre las islas y el resto del Estado son residentes, muchos de ellos son «reiterativos».
Pablo Rodríguez coincidió además con el PP en que la estrategia con Baleares beneficia más a estas últimas islas, pero apuntó que viene bien que haya una presión común.
