En una situación excepcionalmente desfavorable para los trabajadores, este Primero de Mayo, Día Internacional de la clase Trabajadora, debe llevar implícita la voluntad de rearme y movilización. Un impulso hacia el activismo reivindicativo del conjunto de las fuerzas del trabajo como respuesta al asalto que practican la clase capitalista y sus gobiernos a nuestro derechos laborales. Y ello conlleva romper con la actual inercia y desmovilización sindical.
Tras la falsa «crisis», ideada como pretexto para emprender esta agresiva campaña de secuestro de derechos laborales y sociales, y pese a que desde los sectores empresariales y el propio gobierno proclaman que Canarias se encuentra en fase de bonaza económica, ¿qué ha cambiado realmente para la clase trabajadora canaria?
La situación de postergación laboral y social continúa con miserables salarios, mayor explotación en los centros de trabajo, desempleo y más familias en el umbral de la pobreza como consecuencia del trabajo precario y mal remunerado, cuyo efecto colateral son las bajísimas pensiones que percibimos. Es esta también la demostración del carácter especialmente avaricioso de la patronal canaria que se niega a destinar, siquiera, una pequeña parte de sus beneficios a mejorar la miserable nómina de los empleados. Pero, además, persistiendo en su actitud antisocial al rechazar también la creación de puestos de trabajo, y cuando los crea, son de bajísima calidad. Resulta significativa, además, el alto porcentaje defraude empresarial contra los derechos laborales detectada en Canarias por la inspección laboral en los últimos meses.
Es este el panorama social que lleva a la Nación Canaria a ocupar el vagón de cola del Estado en derechos sociales y laborales. Y lo crean al unísono los gobierno español y canario mediante una política de doble explotación contra los trabajadores, promoviendo el injusto reparto de la riqueza, impulsando el aumento de los beneficios empresariales, y además, descapitalizando y privatizando los servicios públicos para refinanciar a los sectores especulativos. Una lesiva política que alcanza al conjunto de trabajadores canarios por una dependencia económica que nos impide la propia capacidad de movimiento, que impone el saqueo de nuestra hacienda por manos foráneas, que promueve la desaparición de los sectores productivos y de autoabastecimiento, y potencia sólo el sector servicios del que hoy sacan la gran tajada a cambio de miserables salarios y jornadas extenuantes. Una filosofía colonial de explotación, y de ahí que INTERSINDICAL CANARIA insista en dotar a Canarias, junto a otras necesarias medidas de soberanía política y económica, con un marco específico de relaciones laborales que dignifique salarios y actividades, que elimine las segregación de nuestra gente, pero también que dé voz a los trabajadores organizados en los sindicatos de esta tierra en las mesas de concertación.
Más y nuevas medidas de retroceso social se nos han impuesto, poniendo mayores obstáculos al ejercicio de las libertades políticas y de expresión, y hasta han recuperado del ideario franquista la persecución ideológica con la existencia de presos y exiliados políticos, además de leyes que amordazan el derecho a decidir de los pueblos.
Retornando a Canarias, el teórico y mendaz distanciamiento del gobierno de Clavijo de las medidas del gobierno español del PP contra los trabajadores y la ciudadanía general, en la práctica, se convierte en un miserable respaldo del ejecutivo canario a las mismas. Tal grado de perversión política e ideológica lleva incluso el presidente del Ejecutivo a utilizar los bajos salarios como atractivo para que los empresarios foráneos vengan a Canarias. Una política que queda retratada con el agradecimiento del PP al presidente Clavijo por su lealtad.
Para INTERSINDICAL CANARIA, la abolición de este siniestro decálogo de saqueos de derechos y la derrota de este insaciable monstruo capitalista que nos explota y empobrece, debe ser el objetivo primero de cualquier organización que se preste de civilizada. Un programa de redistribución de la riqueza que favorezca a nuestros trabajadores-as, la fiscalización de nuestros medios productivos y de los beneficios que ellos generan, y una justa socialización de las inversiones que se realizan en esta nación sin Estado que es Canarias, debe convertirse en el programa sindical que reivindiquemos y desarrollemos a partir de este 1º de Mayo.