El PSOE en el Cabildo Insular de La Gomera presentó y defendió el viernes 4 de mayo de 2018 el servicio público que presta Correos y Telégrafos de España; Correos es una sociedad estatal que lleva prestando sus servicios a todos los españoles desde el 8 de julio de 1716. Actualmente, es la sociedad responsable de prestar el Servicio Postal Universal en España de acuerdo a unos requisitos de calidad, regularidad, accesibilidad y asequibilidad, que hacen efectivo el derecho de toda la ciudadanía a las comunicaciones postales.
Las cifras de Correos dan muestra de la importancia de su red: más de 8.000 entidades locales son atendidas a través de una red física y humana en todo el territorio nacional. Un servicio prestado a través de 8.946 puntos de atención, más de 57.000 empleados donde el 49% son mujeres y el 51%, hombres, que recorren diariamente 700.000 kilómetros diarios para atender a hogares y empresas.
La garantía del derecho de toda la ciudadanía a las comunicaciones postales a través de la red de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, sobre todo en el ámbito rural y el mantenimiento de la prestación de un servicio público de calidad, hacen necesario que se pongan en marcha las acciones necesarias para garantizar su viabilidad futura.
El esfuerzo e implicación de sus trabajadores y trabajadoras y las organizaciones sindicales para garantizar la viabilidad del operador público en un contexto de fuerte merma en sus condiciones y derechos laborales, con 7 años de recortes, el convenio colectivo congelado desde diciembre de 2013, la pérdida de más de 15 mil empleos con la consiguiente sobrecarga de trabajo y una gran incertidumbre de futuro.
A todo esto se une la Resolución de 30 de diciembre de 2017 del Consejo de Administración de la Entidad Estatal de Correos y Telégrafos S.A. que aprobó las nuevas tarifas que se aplicarán en el año 2018 donde, como novedad, fija dos zonas diferenciadas (A y B) a los efectos de aplicar distintos importes en los envíos de publicaciones periódicas. La denominada “zona A” se aplicaría a destinos local, capitales de provincia, localidades con administraciones de Correos y poblaciones de más de 50.000 habitantes; y la denominada “zona B”, que se aplicaría al resto de destinos. En todos los tramos de peso, las tarifas de la zona B son aproximadamente un 30% más caras que las de la zona A, y el número de destinatarios a los que afecta en torno a 22 millones de personas.
La vigente Ley 43/ 2010, de 30 de diciembre, del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, que transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva postal 2008/6/CE, de 20 de febrero de 2008, ha proporcionado al ámbito de las comunicaciones postales un marco legal que garantiza los derechos de los ciudadanos y de los usuarios a recibir un servicio postal universal en la integridad del territorio nacional de buena calidad, a precios asequibles, encomendando esta responsabilidad al operador público Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.
No obstante, el marco legislativo postal vigente, después de más de siete años desde su entrada en vigor, aún no se ha desarrollado plenamente por lo que es necesario que el Gobierno apruebe la normativa de menor rango prevista en la citada Ley 43/ 2010, y especialmente el Plan de Prestación del Servicio Postal Universal, un instrumento necesario para que el operador público pueda cumplir plena y eficazmente con su labor y potenciar su papel histórico como instrumento que contribuye a la vertebración territorial, la cohesión social y la mejora de la actividad económica.
Por Todo ello el PSOE de La Gomera con esta iniciativa pretende que el Gobierno del Estado ponga en marcha la Ley 43/2010, de Servicio Postal Universal, para proteger, sobre todo los derechos de los ciudadanas y ciudadanos que viven en entornos rurales e insulares como el de La Gomera. Así mismo, se demanda la modernización del Correos y Telégrafos garantizando su viabilidad futura, a través de una diversificación de sus servicios en sus redes de oficinas a nivel nacional, que sea más competitivo dentro de un marco económico más complejo. De esta manera podemos no solo garantizar el Servicio Público a todo el país, sino que llevaría a una nuevo marco laboral, que mantendría los actuales puestos de trabajo, y así mismo apostar por las necesarias nuevas contrataciones.
El grupo socialista considera que esta discriminación de precios en el servicio no puede hacer que los entornos rurales paguen más, y tengan menores servicios, fruto de una visión sesgada del simple coste-beneficio del servicio, sin atender a las demandas sociales y a la solidaridad entre territorios y personas. Esta moción fue apoyada por todos los grupos políticos del Cabildo Insular.