La portavoz de Igualdad del Grupo Parlamentario Socialista, Ventura del Carmen Rodríguez, pide al Gobierno de Fernando Clavijo que, a través del Instituto Canario de Igualdad (ICI), “hable con los movimientos feministas, que los escuche para planificar y realizar acciones en todas las islas en materia de atención a la violencia de género, y convoque al Consejo Canario de Igualdad”.
Como recuerda, escuchar al movimiento feminista “es reunirse con ellas, algo que no sucede desde marzo del año pasado, ni siquiera este año que ha sido emblemático o fuertemente reivindicativo”. Insiste en que escucharlas “no es darles una medalla o una mención el día de Canarias, algo que está bien pero que de poco sirve”.
La diputada recuerda que en 2002 se creó la red pública de servicios y centros para la atención a mujeres víctimas de violencia. Existen convenios con los siete cabildos para establecer los términos y condiciones de colaboración en materia de mantenimiento y consolidación del sistema social, con el objetivo puesto en la prevención y protección integral de las víctimas en las islas.
El último de estos documentos se firmó en 2016, entró en aplicación el 31 diciembre de 2017 y se firmaron adendas en febrero de 2018, en vigencia hasta diciembre de este año. Indicó que se mantienen los recursos actuales y se incorpora 1,9 millones de euros del convenio con el Estado. “Es de celebrar que no haya sucedido lo mismo que con los ayuntamientos”, dice y cuestiona los criterios de ese reparto: 17.495 euros a La Gomera, 12.029 a El Hierro, 47.025 a Fuerteventura, 77.646 a Lanzarote, 54.680 a La Palma, 442.911 a Tenerife y 442.911 a Gran Canaria.
Lamenta que en el reparto efectuado entre las islas se desconozcan no solo esos criterios, sino también los objetivos o los aspectos en los que se producen mejorías. Pregunta cuánto se ha destinado a la formación para la aplicación del protocolo interadministrativo, documento que estaba concluido en diciembre de 2016 para proceder a su aplicación en 2017. Remarca que se ha retrasado pese a ser fundamental para la coordinación de los recursos y servicios y pregunta cuál es la financiación destinada a su aplicación.
Destaca la importancia que el pacto de Estado supone para estos recursos y reitera que la lucha contra la violencia debería ser una prioridad para el Gobierno, “prioridad que se vería si estuviéramos hablando de la apertura de los servicios de atención a mujeres víctimas de agresiones sexuales o si este Ejecutivo pidiese el apoyo de todos los grupos del Parlamento para exigir al Estado el cumplimiento del pacto”.
