Sí se puede celebra que el Tribunal Constitucional frene las pretensiones de trasladar un modelo turístico agresivo a las llamadas Islas Verdes, al dictar una sentencia que mantiene reservas sobre las actuaciones que se pretendían llevar a cabo con fines turísticos por parte del Cabildo de La Palma.
En este sentido, la organización ecosocialista destaca que, “frente al triunfalismo del Gobierno y de los Cabildos de La Palma y La Gomera, la sentencia del TC deja abierta la puerta a denuncias en juzgados ordinarios por parte de ciudadanos o colectivos y fuerzas políticas; es decir, las actuaciones que se pretendían desarrollar en La Palma no cuentan actualmente con un respaldo jurídico”, asegura el consejero de Sí se puede en el Cabildo de La Gomera, Rubén Martínez.
“El Tribunal Constitucional rechaza de plano las aspiraciones del Cabildo de La Palma, que pretendía legalizar una serie de actuaciones en espacios protegidos, como los campos del golf, algo que ya había sido anulado también por el Tribunal Supremo en 2015 y que, en realidad, es lo que dio lugar a la iniciativa de redactar esta ley, nacida para legalizar estas intervenciones”, apunta Martínez. Precisamente, frente a la instalación de campos de golf, Sí se puede, desde su asamblea local de Fuencaliente, ha señalado la necesidad de desarrollar modelos turísticos con mayor capacidad para repartir la renta y menos depredadores del territorio.
El consejero ecosocialista en La Gomera destaca que el Tribunal Constitucional no se pronuncia sobre una serie de asuntos que “quedan abiertos a denuncias, ya que determinadas actuaciones no están amparadas; esto es muy importante, porque, frente a la idea difundida de que tras la sentencia ha quedado todo permitido, lo que ocurre es lo contrario: los tribunales ordinarios quedan abiertos a cualquier denuncia”.
A juicio de Sí se puede, la llamada ‘ley del turismo en las Islas Verdes’ pretende “llevar el modelo turístico de sol y playa al ámbito rural, afectando al suelo rústico y a espacios naturales protegidos –explica Martínez–; el modelo de desarrollo turístico que corresponde a las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro no puede ser el que se ha extendido por el sur de las islas capitalinas, Lanzarote y Fuerteventura; no queremos llevar ese modelo a nuestros ámbitos rurales en las islas occidentales, donde corresponde un desarrollo que no sea a costa del territorio y es exigible que sea un modelo sostenible”.
El consejero de Sí se puede en el cabildo de La Gomera destaca que “esta ley deroga los controles, es una especie de puerta abierta para hacer lo que dé la gana sin ningún tipo de control, un enfoque contrario a los modelos de sostenibilidad” y, para ilustrar sus afirmaciones, destaca que “La Gomera recibe cerca de 350.000 visitantes anuales. Es la sexta isla del mundo con mayor número de turistas por cada cien habitantes. Se persigue un modelo agresivo dependiente totalmente del turismo”.
“Sí se puede seguirá en defensa del territorio rural y natural y en defensa de modelos económicos sostenibles para el Archipiélago, junto a otras fuerzas políticas, colectivos y plataformas, porque esta es una lucha larga y muy seria”, asegura el consejero ecosocialista en el Cabildo gomero.
Asimismo, Martínez destaca que el proceso por el que se redactó la ley está plagado de irregularidades desde sus inicios. “Para empezar, partió del Cabildo de La Palma y llegó al Parlamento de Canarias sin pasar por los Cabildos de las otras islas afectadas”. Igualmente, no se convocó la comisión mixta prevista por la ley de 2002 para evaluar su desarrollo. “Podemos decir que esta nueva ley surgió de la nada, no de un análisis pormenorizado por parte de las distintas instituciones, sino que, de pronto, el Cabildo de La Palma, se la sacó de la manga y la llevó al Parlamento”.
