POR SALVADOR GARCÍA LLANOS.- Se le acaba el chollo a quien ideó -¿la habrá patentado?- el formulismo expresivo:
-Prometo, por imperativo legal…
Aderezado luego, en parlamentos autonómicos o consistorios, con algunos otros matices que iban desde la fidelidad ideológica a la discrepancia con el sistema, acaso también para alardear de audacia o de originalidad, vayan ustedes a saber, en el fondo una pizca de esnobismo.
Claro que los conservadores y algunos clásicos, para fortalecer y hacerse notar, también dieron su toque distintivo:
-Juro y prometo, cumplir fielmente…
Hasta que llegó el inefable nuevo presidente de la Generalitat, Quim Torra -por sus dichos le conocerán- y rompió moldes: ni Constitución ni lealtad, ni a la norma suprema ni al monarca. Es probable que los defensores digan que actuó con coherencia, que los objetivos contenidos en la no menos singular investidura pasan por un trazo de abstracción, otro de desobediencia y otro más de querer saltarse desde el principio las formas básicas. Vaya estreno, vaya respeto institucional, vaya ejemplo de gobernante: ¿se extrañarán luego de ganar antipatías?
A los osados y pasotas, a los que resten importancia, a quienes opinen que hay problemas más importantes de los que ocuparse, hay que decirles que no estamos ante una cuestión menor ni baladí, que la cosa va más allá de una mera expresión retórica o de un ceremonioso formulismo al uso. En democracia las formas cuentan. Y mucho, sobre todo si no se la quiere hacer daño desde el principio con esas cuestiones elementales que, además, rompen moldes igualitarios que deben ser aceptados.
Pues a quienes se les ocurrió introducir el imperativo legal ya pueden ir pensando en otra locución si es que quieren seguir fastidiando y desmarcándose de las reglas del juego democrático. Porque si prospera una iniciativa que los socialistas van a presentar en el Congreso, se van a terminar esos subterfugios. Pretenden que, mediante una proposición de Ley orgánica, los cargos públicos o electos, de cualquier Administración, de todos los niveles, acaten sin dobleces ni interferencias la Constitución en el momento de tomar posesión, no en vano es el soporte o la garantía de derechos y libertades. De esa manera, se protege también la Cartamagna. Si hay himnos a los que en destacadas convocatorias o sesiones constitutivas se les otorga, sin más, una solemnidad natural, qué menos que asumir, sin ambages, su valor. ¿O es que también hay que pedir perdón y casi avergonzarse, a la espera de que escampe?
La propuesta del PSOE es tajante, al punto de que si se incumple la obligación de acatamiento, no será posible adquirir la condición de la función pública o cargo que se quiere ejercer, por voluntad popular o por designación. Debe quedar constancia expresa del respeto y de la sujeción a la norma suprema, pues los riesgos de utilización de expresiones contrarias al orden constitucional existen, solo baste comprobar la escalada de declaraciones públicas en procesos como el catalán y los que pueden rondar colateralmente. Si la ley de leyes, en su artículo uno, proclama el Estado de derecho, hay que aplicarla o hacerla valer desde ese precepto. Así de sencillo.
Y que ya está bien.